El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella. EFE/Ballesteros
El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, ha avisado de que el porcentaje de negociación de acciones españolas en mercados exteriores supera ya el 40 % entre enero y septiembre, tres puntos más que a cierre de 2018, y la bolsa española sigue perdiendo cuota
Durante su comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso para explicar este miércoles el informe anual de actividad de 2018, Albella ha incidido en que esta tendencia «resulta preocupante en un entorno de fuerte competencia que ha impulsado todavía más MiFID II (la nueva directiva europea de mercados de capitales) y en el que está ganando terreno la llamada internacionalización sistémica».
Ha recordado que MiFID II obliga a que la regulación favorezca la competitividad de nuestros mercados o que al menos no lo perjudique como podría ser un impuesto sobre la adquisición de acciones españolas similar a los que existen en Francia o Italia, aunque no en la mayoría de los países de la Unión Europea.
En declaraciones a la prensa ha indicado que habría que valorar el posible impacto de este impuesto de transacciones financieras, que no ve muy favorable, y ha señalado que en todo caso habría que acometerlo de forma coordinada en Europa.
Albella ha recordado que la evolución de los mercados en 2018 fue bajista en el ámbito de la renta variable, especialmente en el último trimestre y que prácticamente todos los índices internacionales experimentaron descensos, solo en parte recuperados durante el primer trimestre de 2019.
«La tendencia negativa fue particularmente marcada en el mercado de renta variable español y en sectores como el bancario, que en nuestra bolsa pesa especialmente», ha dicho.
El presidente de la CNMV ha explicado que la negociación sobre acciones españolas fue de 930.000 millones de euros en 2018 y ha resaltado que creció en los mercados no españoles al superar el 37 %, frente al 32 % de 2017 y al 28 % a cierre de 2016.
Asimismo, ha informado de que la evolución negativa de la renta variable contribuyó a que en 2018 descendiera la captación de fondos mediante ampliaciones de capital por parte de las empresas cotizadas españolas (7.400 millones frente a los más de 27.000 millones de 2017), así como que hubiera pocas salidas a bolsa.
No obstante, ha valorado que el año pasado hubiera «cierta» actividad respecto a ofertas públicas de adquisición (opas) y ha recordado que el supervisor autorizó seis, entre ellas la de Abertis.
En otro sentido ha lamentado que en 2018, como ya ocurrió por primera vez en 2012, se produjera un descenso «leve» del patrimonio de instituciones de inversión colectiva, que ha tenido que ver con el bajo nivel de ahorro de los españoles y con sus pautas inversoras, «muy orientadas hacia la inversión inmobiliaria», por lo que sería «deseable» un mayor nivel de ahorro de los hogares.
Albella ha destacado que fue un año importante desde la perspectiva de la regulación de los mercados de valores y los servicios de inversión debido a la puesta en marcha del MiFID II, tras indicar que «aún es pronto para evaluar los efectos de la nueva normativa».
«Mi visión en todo caso es positiva, sin duda las nuevas normas están propiciando más transparencia y más competencia, y por lo tanto menores costes para los inversores…No tengo duda de que en el medio y largo plazo ello va a propiciar más eficiencia en el sector y más confianza en los inversores», ha aseverado.
El presidente del organismo supervisor cree que algunos cambios que han afectado al servicio e análisis podrían estar teniendo «algún efecto secundario negativo», por lo que ha abogado porque los reguladores y supervisores europeos evalúen los efectos de estas nuevas normas y estén abiertos a introducir «oportunas modulaciones».
Ha insistido en la importancia de que la regulación refuerce la eficiencia de los mercados financieros y que además sea homologable con los países europeos relevantes.
En este sentido, ha dicho que hay que evitar restricciones o peculiaridades locales que puedan crear confusión o desventajas competitivas, «lo que incluye desde luego también el ángulo fiscal», que -en su opinión- no debe operar como un desincentivo para que los negocios se localicen en España y no en otros países como Alemania, Francia o Italia. EFE
