El banquero italiano Andrea Orcel. EFE/Facundo Arrizabalaga/Archivo
A falta de poco más de dos semanas para el nuevo curso, el Banco Santander se prepara para el que va camino de convertirse en uno de sus otoños más mediáticos desde el punto de vista judicial, el mismo que previsiblemente traerá novedades en el conflicto entre la entidad y el banquero italiano Andrea Orcel.
Aunque aún se desconoce un posible calendario de futuras actuaciones al encontrarse en una fase muy inicial, fuentes jurídicas consultadas por Efe ven factible que tras el verano comience a tomar cuerpo la demanda presentada por Orcel a finales de mayo, en la que denunciaba un posible incumplimiento de contrato del Santander a raíz de su fichaje fallido como consejero delegado.
Hasta la fecha, lo único cierto es que el Juzgado de Primera Instancia número 46 de Madrid instruye el caso una vez admitido a trámite el escrito en el que el que fuera banquero de confianza de la familia Botín pide o bien cerca de 110 millones de euros o su nombramiento en firme.
A dicha petición se opone, por lo pronto, el Santander, que no sólo niega la existencia de contrato alguno que vinculara a las partes, sino que además dispondría de un supuesto vídeo corporativo en el que el italiano se resignaría a su no contratación asegurando que entendía tal postura.
La polémica se remonta al pasado enero, cuando el banco español renunció al nombramiento de Orcel, propuesto en septiembre de 2018, por el precio «inaceptable» que tendría que pagar por sus compromisos con UBS, donde acumulaba un «bonus» diferido equivalente a siete años del sueldo millonario que percibía en la entidad helvética.
A pesar del silencio inicial, apenas meses después comenzaron a hacerse públicas las tensiones que llevaron al banquero a emprender acciones legales contra el grupo español.
El principal desencuentro entre ambos se encuentra en la interpretación del supuesto acuerdo, al que el Santander resta validez jurídica en tanto que, entiende, no es más que una propuesta o carta de intenciones supeditada a otras condiciones que precederían a la firma última del contrato.
En virtud de este preacuerdo, que no obstante fue comunicado mediante hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sin entrar en más detalle, el banco ofrecía a Orcel una prima de fichaje de 17 millones de euros y un sueldo similar al del actual consejero delegado, José Antonio Álvarez, unos 10 millones al año.
Además, a fin de compensar el «bonus» pendiente del italiano en su anterior puesto como ejecutivo de UBS, el grupo financiero estaba dispuesto a entregarle acciones de la propia entidad por un importe máximo de 25 millones, aunque la idea era que la cuantía se redujera en el marco de la negociación con la compañía suiza.
El pasado 26 de julio, con la demanda ya en juego en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla, el Santander desveló aspectos hasta entonces desconocidos del fichaje de Orcel, al que acusó de pedir más dinero del pactado inicialmente y de grabar sin consentimiento conversaciones privadas con la presidenta, Ana Botín.
En concreto, la entidad advertía de que el banquero nunca tuvo intención de que UBS asumiera parte de sus incentivos, pese a que pidió a la entidad española ayuda para redactar una carta en la que instaría al banco suizo a hacerse cargo de la mitad de la retribución diferida, misiva que no consta que enviara.
Pero no sólo no habría realizado dichas gestiones, sino que habría aumentado sus pretensiones al pedir tres millones de euros más durante el proceso de contratación al Santander, que en su escrito aseguraba que, tras descartarlo como número dos, barajó distintas fórmulas para que pudiera reanudar su carrera profesional.
Sin embargo, la réplica de Orcel, en una práctica «de dudosa calidad ética y moral», fue grabar conversaciones privadas sin consentimiento ni conocimiento de sus interlocutores, concluía el banco, que avisaba de que dispone de pruebas que demostrarían al magistrado el consenso que imperó en la decisión.
La demanda por incumplimiento de contrato presentada por Orcel se dilucidará a través de un procedimiento de juicio ordinario, tal como establece la Ley de Enjuiciamiento Civil para reclamaciones que, como ésta, exceden de los 6.000 euros. EFE
