EFE/Alejandro Ernesto/Archivo
Confunde la fecha de la boda, no recuerda el nombre de los hermanos de su pareja, ni sus cicatrices, desconoce sus aficiones y ni sabe qué tabaco fuma. La administración rechaza cada mes decenas de matrimonios sospechosos entre españoles y extranjeros tras entrevistar a los contrayentes
La dirección general de los Registros y del Notariado ha revisado en lo que va de año 283 expedientes recurridos por parejas a las que no se les permitió inscribir su boda celebrada en el extranjero o que no obtuvieron autorización para casarse al constatarse «datos objetivos» que apuntan a «la ausencia de consentimiento matrimonial«.
Alrededor del 90 % de los recursos, apuntan fuentes de la dirección general, son desestimados, aunque hay casos en los que se comprueba que la entrevista ha arrojado solo datos superficiales y se pide su repetición.
Un repaso al último boletín mensual de este organismo muestra más de cincuenta resoluciones en las que se rechazan casos que se entiende que son «matrimonios simulados«, con los que se busca, fundamentalmente, acelerar la adquisición de la nacionalidad española, obtener un permiso de residencia o lograr la reagrupación familiar.
En 2015 la dirección general resolvió 926 recursos contra decisiones del Registro Civil; en 2016, 784; en 2017, 725; y el año pasado, 529. Tras las desestimaciones, queda abierta la vía judicial.
Del crecimiento de este fenómeno se alertó en una instrucción de 2006, en la que se subrayaba la importancia de la entrevista personal, reservada y por separado con los miembros de la pareja para detectar si hay «hechos objetivos» que apunten a un matrimonio de conveniencia.
Desconocer los datos personales o familiares básicos de la pareja y que no hayan tenido relación previa constituyen hechos objetivos, según la instrucción, que hace hincapié no obstante en que, para denegar una inscripción, el funcionario debe tener «la certeza moral plena» de que se trata de un matrimonio simulado, y no sólo dudas o indicios.
Cada resolución denegatoria recoge así un abanico de señales, como la de un español y una brasileña que se conocieron por internet y que, a las pocas semanas de llegar ella a España con un visado de ida y vuelta, decidieron iniciar su expediente matrimonial. No aportaron pruebas de su relación y en sus entrevistas dieron datos contradictorios sobre las familias del otro.
Como les ocurrió a Andie MacDowell y Gérard Depardieu en la película «Matrimonio de conveniencia«, se perdieron en los detalles: él declara que el último regalo que le ha hecho es un anillo cuando le pidió matrimonio en una cena sorpresa y una orquídea, mientras que ella dice que le regaló una pulsera en el mercadillo; ella dice que él toma leche semidesnatada, pero él dice que compran leche entera.
Hay resúmenes contundentes: «No coinciden en los regalos que se han hecho, lo que desayuna él, lo que hicieron el fin de semana pasado, donde celebró su pareja el cumpleaños, etc. Por otro lado, el interesado está en prisión por malos tratos.»
Y situaciones llamativas: «Ninguno de los dos sabe el motivo por el que el otro está en la cárcel».
Las nacionalidades de las parejas son diversas y, en muchos casos, en las denegaciones queda patente que la entrevista se hizo con intérprete y que no tienen idioma común, dato que el Consejo de la UE señala como factor que permite presumir la existencia de un «matrimonio de complacencia«.
Muchos se constituyen a cambio de dinero, como reveló el pasado mayo la Guardia Civil al desmantelar en la Comunidad Valenciana una organización dedicada a captar «novias» españolas y rumanas para contraer matrimonio con varones extracomunitarios, fundamentalmente indios.
Ellos pagaban hasta 17.000 euros por enlace y ellas recibían alrededor de 1.000.
En su última memoria anual publicada, correspondiente a 2017, la Fiscalía General del Estado alertaba también de este fenómeno: «Solo con una exhaustiva labor de investigación policial es posible promover con éxito la nulidad de los matrimonios contraídos artificialmente con el único propósito de lograr ventajas administrativas».
De los 163.430 matrimonios registrados el año pasado en España, 23.092 tenían un cónyuge extranjero, según los datos del Institucional Nacional de Estadística. EFE
