Los datos conocidos sobre el Defensor del Pueblo de Navarra y su presupuesto de 700.000 euros muestran una realidad preocupante y que se repite en muchos organismos públicos.
Que una gran parte, un 73% como en esta Institución, del presupuesto destinado a ellos se dedique, exclusivamente, a pagar los sueldos de las personas, 8 en este caso, que trabajan ahí en lugar de destinarse a obtener los resultados requeridos, es inadmisible. Sin olvidar el mantenimiento del edificio público.
Este hecho no es algo aislado sino que se repite, una y otra vez en las diferentes administraciones públicas, agravándose sobre todo, en las autonómicas.
El gasto público procede de nuestros impuestos. En Navarra, todos los impuestos se quedan aquí. Surge la pregunta, ¿merece la pena tener instituciones, organismos, donde buena parte de su presupuesto se gasta sólo en salarios y sus funciones están duplicadas?