Fotografía de una moneda española de un Euro. EFE/Archivo
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha constatado que los 14.000 millones de euros anuales que se conceden en subvenciones en España están sujetos a controles de legalidad, pero no a rendición de cuentas ni a procedimientos sancionadores por mal uso
La AIReF ha publicado este lunes el primer estudio dentro de su proceso de revisión del integral gasto público («Spending Review»), que está centrado en la planificación estratégica y los procedimientos en el ámbito de las subvenciones definidas en la Ley General de Subvenciones, que suponen un monto de 14.000 millones (de acuerdo con la base de datos nacional de subvenciones).
Para el presidente de la AIReF, José Luis Escrivá, la principal conclusión es la carencia de evaluación de las políticas públicas, que solo se rigen por una fiscalización que no va más allá de un control legal y contable, en el que no se tienen en cuenta los resultados.
Escrivá ha matizado que este proceso de revisión no es «un ejercicio para ahorrar» sino un análisis para mejorar la forma en que se «instrumentan» las subvenciones, en las que se ha detectado una escasa vinculación con las políticas públicas subyacentes y un nulo carácter estratégico.
Fuentes de la AIReF han explicado que no cabe decir que exista «un descontrol» en las subvenciones, pero sí una falta de estrategia, de transparencia y de trazabilidad, de manera que no se puede asegurar si existen duplicidades o solapamientos, puesto que es imposible hacer el «recorrido» desde que la subvención sale de una administración pública hasta que llega al beneficiario.
Las mismas fuentes han asegurado que este estudio concreto sobre subvenciones les ha permitido detectar una falta de estrategia en la definición de todas las políticas públicas, ante lo que la AIReF ha vuelto a insistir en la necesidad de un programación presupuestaria de medio plazo mejor coordinada entre todas las administraciones.
Respecto al mal uso, la AIReF explica que no existe una cultura sancionadora como la que existe en el ámbito tributario, en el que se ejecutan las sanciones impuestas y se aplican intereses de demora.
En el marco de las subvenciones, aunque las sanciones están previstas, con mucha frecuencia los procedimientos caducan o las sanciones nunca llegan a cobrarse.
«La ley exige un determinado comportamiento del beneficiario teniendo como fin último una utilidad social y si eso no se cumple tendría que haber reintegro de la subvención y sanciones», han subrayado desde la AIReF.
Frente a la situación que se han encontrado, la Autoridad propone un sistema de información e indicadores integrado en el propio proceso de gestión que permita evaluar los resultados y aumentar la transparencia.
Asimismo, aboga por reformar las Conferencias Sectoriales, eliminando su enfoque centralista actual y convirtiéndolo en una verdadero órgano de intercambio de información y de referencia para saber cuánto se gasta en cada una de las políticas públicas que abordan, como la vivienda o el empleo.
Al respecto, la AIReF critica que este órgano se haya convertido en un mero instrumento político que solo sirve para repartir dinero del Estado a las comunidades autónomas.
Como ejemplo, el estudio pone la Conferencia Sectorial de Vivienda -una de las que más fondos reparte entre las comunidades-, cuyos objetivos de reparto de ayudas se fijaron en 1992 y permanecen inamovibles, sin que se conozcan los criterios con los que se establecieron.
La AIReF pensó que podría haberse hecho con la variable de población, pero se ha encontrado que en el caso de Baleares el porcentaje asignado en 1992 era mucho mayor a la población y en la actualidad está por debajo.
Según el informe, de los 14.000 millones en subvenciones unos 10.000 millones son concedidos por las autonomías, que en general presentan una mejor planificación estratégica que la administración central, aunque no están por delante en lo referente a la rendición de cuentas.
De acuerdo con el documento, las comunidades que presentan una mejor gestión de las subvenciones en todos los ámbitos son Murcia, Navarra y Cataluña.
