Miguel Cornejo
La suspensión de funciones de varios diputados ha vuelto a hacer visible algo importante. Hay partidos que defienden que la “voluntad popular” está por encima de la ley, y que una persona electa no tiene que responder por saltársela.
No es ignorancia. Es una visión de la democracia diferente de la que encarnan la Constitución española y las de todas las naciones occidentales, al menos de momento. Es lo que se llama “democracia iliberal”, cuyo mayor defensor probablemente sea hoy Viktor Orbán, el primer ministro nacionalista húngaro que está chocando con la UE por su forma de tratar a los jueces, los inmigrantes y las minorías.
En esta visión iliberal de la democracia, no hay tutela judicial sobre los actos legislativos. La voluntad popular se impone a cualquier ley. Un acto del Parlamento no está condicionado por lo que diga un tribunal. Nadie puede impedir una expropiación, una limitación de derechos, o una ley que aparentemente choque contra la Constitución.
Tampoco hay mayorías reforzadas. Si la voluntad popular quiere cambiar una ley, la cambia. No hay temas que requieran consenso ampliado. La mitad más uno vale para todo.
Y la soberanía popular es absoluta. Los tratados no pueden limitar la capacidad del Parlamento para (por ejemplo) devaluar la moneda, emitir billetes, poner o quitar aranceles, admitir o expulsar personas, o declarar la guerra. No se reconocen obligaciones superiores a la voluntad popular.
Pero esa “soberanía popular” es selectiva. No todo el mundo es “pueblo”, porque la mayoría puede decidir quién tiene derecho a votar y quién no, quién es enemigo del pueblo y quién sospechoso de golpista (como en Turquía), o quién es un navarro de verdad y quién no.
Este tipo de “democracia” es propio de situaciones revolucionarias, violentas, donde no se reconocen derechos ni obligaciones anteriores, y donde no importa lo que piense la minoría. Es algo que, en el último siglo, hemos aprendido a mejorar.
Hemos aprendido que hay que tener una herramienta que garantice derechos básicos, como la vida, la libertad de opinión y de expresión, o el mismo derecho al voto, y lo hemos llamado Constitución. Hemos aprendido que es mejor que esos derechos básicos no se puedan tocar sin el mayor acuerdo posible para proteger a las minorías (lo que nos incluye, en un momento u otro, a todos). Hemos aprendido que hace falta alguien, por encima de las pasiones y las mayorías momentáneas, que interprete esas normas y que evite que sean papel mojado, y por eso hemos creado un Poder Judicial independiente.
Hemos aprendido que un legislativo sin frenos es una herramienta dictatorial. Algo que ya sabían en la Roma republicana y en la vieja Atenas, donde al que lo proponía le llamaban “demagogo”. El que usa las pasiones del pueblo para gobernar por encima de la ley.
Se supone que hemos aprendido y sin embargo, hoy Podemos defiende en la práctica ese modelo. Los separatistas catalanes han defendido ese modelo, en su “proceso” y en su ley transitoria. Bildu defiende ese modelo. Cada grupo populista que habla de “soberanía popular” o “soberanía nacional” (normalmente referido a lo que quieren los suyos) está en la práctica volviendo a la antigüedad política para defender un modelo que no garantiza ni la convivencia ni los derechos de nadie.
Por eso es importante tomarse en serio el constitucionalismo. Porque hay grupos que lo están atacando. Y no son errores ni ignorancia. Es un programa político.
La democracia que tenemos es un Estado de Derecho diseñado para que no pueda degenerar como la del 31. Nadie está por encima de la ley. Somos todos iguales ante ella. El gobierno tiene límites. Hay derechos que no se pueden tocar sin el máximo consenso. Esas reglas son el cinturón de seguridad que impide que una democracia se estrelle. Sin todo ello, dejamos de ser una democracia liberal y entramos en la demagogia, donde todo puede pasar.
Miguel Cornejo (@miguelcornejoSE) es economista y miembro de la junta directiva de Ciudadanos Pamplona.
