Declaración del exvicepresidente de la Generalidad y principal acusado, Oriol Junqueras (de pie), durante la tercera jornada del juicio del proceso en la Sala de Plenos del Tribunal Supremo. EFE/Tribunal Supremo
Cuatro peritos de Hacienda han certificado en el juicio del «procés» que la prestación de servicios vinculados con el 1-O generaron un compromiso de pago a la Generalitat y, por tanto, un perjuicio en sus arcas públicas al margen de que la administración catalana no pagara después por diversos motivos
La prueba pericial ha arrancado con un examen conjunto de tres funcionarias de Hacienda, a petición de la Fiscalía, sobre la «determinación de fondos públicos destinados a la organización, preparación, logística, financiación y ejecución del referéndum» junto a la autora de un informe de la Intervención General del Estado, propuesta por la Abogacía, remitido al Juzgado 13 de Barcelona relacionado con la malversación.
Su intención fue llevar a cabo una «búsqueda de la verdad material» de aquellas «actuaciones de la Generalitat vinculadas con el 1-O» que supusieran un «determinado perjuicio al patrimonio público».
Y al respecto, todas ellas han querido dejar claro que la prestación de un servicio implica un compromiso de pago, es decir, una obligación del gasto público porque «una vez se ha prestado el servicio, el patrimonio ya está disminuido».
Dicho de otro modo, los trabajos que las empresas realizaron para el referéndum a petición de la Generalidad produjeron un gasto público independientemente de que la administración catalana renunciara a pagarles o de la existencia de facturas en negativo.
Sobre este último punto, las peritos han desvirtuado la importancia de estas facturas en las que el empresario declara que ha repercutido y pagado el IVA, por lo que si no cobra esa factura se produce un doble perjuicio, ya que no ha cobrado por su servicio y ha tenido que ingresar el IVA.
Además, han continuado, una factura en negativo, como las que emitieron varias empresas a la Generalidad, sirve para recuperar el IVA ya pagado, pero no supone una renuncia al pago.
E incluso han asegurado que «una renuncia tiene una repercusión porque implica una condonación de una deuda», aunque eso «no eliminaría el gasto por la prestación del servicios», dado que la Generalidad se ha beneficiado de ello.
Sobre las partidas en concreto, han señalado que Diplocat es un órgano financiado mayoritariamente por la Generalidad que forma parte de la hacienda pública catalana, de manera que los gastos asociados a esta entidad salieron del erario público.
Lo mismo sucede con los dos anuncios de las vías del tren emitidos por la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, que según la Generalidad tienen carácter público, pero sobre los que las peritos han sido tajantes: «los servicios públicos no son gratuitos, o los pagan los usuarios o lo pagan los ciudadanos».
Hoy, la Corporación sigue reclamando el pago de dos facturas de 112.747 y 223.396 euros, que según las peritos la interventora general de la Generalidad nunca mencionó en sus comunicaciones con Hacienda.
También han hablado del anuncio de una conferencia de la Generalidad en el Parlamento Europeo el 24 de enero de 2017 sobre el referéndum que costó a los catalanes 91.061 euros.
De la campaña de catalanes en el exterior, hubo cinco facturas a la Consejeria de Presidencia de Jordi Turull que ascendían a 220.253 euros, cuyo pago suspendió la administración catalana amparándose en la existencia de un procedimiento judicial que lo desaconsejaba, aunque las funcionarias han precisado que esto no es habitual porque «si está prestado el servicio tiene que proceder al pago».
Sobre la campaña de Civisme, han recordado que Turull pidió al máximo responsable de Economía de la Generalidad Oriol Junqueras un crédito del fondo de contingencia de 3,4 millones de euros para esta campaña que debía lanzarse antes del 30 de septiembre, pero que quedó desierta cuando las dos empresas adjudicatarias renunciaron en menos de 24 horas. NAVARRA INFORMACIÓN/EFE
