Llevamos ya cuatro años de gobierno municipal de Joseba Asirón (EhBildu) en Pamplona. Ya es un periodo de tiempo suficiente para poder hacer balance sobre su gestión. No en vano, en un par de semanas habrá elecciones municipales donde los ciudadanos pamploneses decidiremos quién nos gobernará durante los próximos cuatro años.
Ayer me llegó una notificación del Defensor del Pueblo de Navarra donde me comunicaba que, tras dos requerimientos al Ayuntamiento de Pamplona dirigido por Joseba Asirón, no evacúa informe relativo al incumplimiento sistemático de las leyes básicas que regulan la accesibilidad universal en materia de urbanismo y gestión urbana. Para ponerles en antecedentes, esta notificación tiene como base una reclamación formulada por mi parte porque el mes de enero de 2018 evacué informe técnico donde explicitaba al Área de urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona que el llamado “Plan de Amabilización” incumplía de plano toda la normativa relativa a la accesibilidad universal y diseño para todas las personas. Esto vulnera los Derechos Fundamentales de las personas con discapacidad y el artículo 14 de la Constitución que nos rige. A día de la fecha tampoco he obtenido respuesta a mi solicitud e informe registrados en el Área de urbanismo del Ayuntamiento pamplonés hace más de un año. Por el contratio, el consistorio dirigido por Asirón ha ejecutado la reurbanización de Pio XII y la reurbanización de parte del Segundo Ensanche (Calle Aoiz, Paulino Caballero, González Tablas, etc.) después de haber presentado dicha solicitud, de igual forma que hizo con anterioridad en el resto de zonas de Pamplona afectadas por este Plan de reurbanización. Por eso, ahora en ningún caso podrán alegar desconocimiento de la norma como fundamento exculpatorio para continuar sin tener en cuenta la normativa obligatoria de accesibilidad universal y diseño para todas las personas. En definitiva, y siendo generosos, para el gobierno municipal de Asirón (Bildu) parece que los derechos de las personas con discapacidad y su igualdad les importa más bien poco.
Anteriormente, en los años 2012 y 2013, también me dirigí al Consistorio municipal de Pamplona cuando, por motivo de la aprobación de las modificaciones en la Ordenanza Municipal reguladora de terrazas, formulé alegaciones en el procedimiento de aprobación de dicha normativa, por entenderlas ilegales al incumplir también la normativa básica del Estado en materia de accesibilidad universal y diseño para todas las personas.
Por todo ello, formulé queja al Defensor del Pueblo de Navarra en febrero de 2019, al haberse pronunciado recientemente el Tribunal Supremo, en Sentencia de fecha 11 de febrero de 2019, en el sentido de lo alegado por mi parte en el caso de Pamplona en relación con la ordenanza municipal análoga de otro municipio respecto de la normativa sobre uso de espacios públicos para actividades comerciales. El mismo TS deja claro la obligatoriedad de la aplicación de la normativa básica del Estado en la materia (Real Decreto y Orden Ministerial), y reconoce la vulneración del Derecho Fundamental de Igualdad ex artículo 14 de la Constitución de las personas con discapacidad, y en particular de las afectadas por ceguera o deficiencia visual grave.
En este sentido, también me gustaría que me sorprendiese la falta de pronunciamiento o actuación a este respecto por parte de CERMIN, entidad cuyos servicios jurídicos dirigí entre 2009 y 2014, si bien no es así. Puede que desde la modificación estatutaria de esta entidad territorial operada en 2014, por la que la entidad dejó de representar a las personas con discapacidad de Navarra y pasó a representar a las entidades asociativas de personas con discapacidad en Navarra, la línea a seguir sea otra. Eso sí, siendo otra la línea de actuación estratégica desde dicha modificación, al menos me gustaría que las acciones formativas impartidas por esta entidad sin ánimo de lucro al Ayuntamiento pamplonés financiadas con cargo a las subvenciones “digitales” otorgadas por el Alcalde de nuestro municipio, Asirón, se aprovechasen para informar al mismo consistorio, sus políticos y sus funcionarios, de la existencia de normas jurídicas de obligado cumplimiento que tutelan los derechos de las personas con discapacidad. Normas que, no se nos olvide, vienen mayormente fundamentadas en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas (ONU), ratificada por España en el año 2007. A este respecto, admiro notablemente el buen hacer de otras entidades de naturaleza análoga, como el CERMI Comunidad de Madrid, que tiene esta cuestión como base fundamental de su estrategia de actuación y por ello, además de haber promovido acciones formativas y de sensibilización al respecto, ha llegado a acuerdos con los grupos políticos municipales del Ayuntamiento de Madrid para la creación de una oficina encargada de velar por el cumplimiento de la normativa en materia de Accesibilidad universal y diseño para todas las personas en la capital.
Está claro que el fuerte del gobierno de Asirón no es la gestión. Sirvan como ejemplos tanto lo expuesto, como la suciedad de Pamplona, el caos circulatorio de vehículos, bicicletas y patines eléctricos, el disparatado número de atropellos, el creciente número de robos e inseguridad en los barrios y fiestas, etc. Ahora bien, nadie podrá poner en duda que en materia de imposición ideológica y sectarismo se puede hacer mejor. Véase la política respecto de Escuelas Infantiles Municipales, desentierro de muertos por razones ideológicas enterradas hace décadas y resucitadas por el mismo omnipotente gobierno pamplonés, negación de espacios públicos a colectivos no afines, utilización de la lengua y símbolos para fomentar la ruptura de la convivencia y buenas relaciones entre vecinos, etc.
Ahora está en nuestra mano decidir entre una opción de gestión municipal coherente, sea de izquierdas o de derechas, o una de visceralidad sectaria e imposición ideológica como la que vivimos desde el inicio de legislatura. A mi entender, en política todo es defendible siempre que se cumpla con el axioma de la defensa de los débiles y el respeto a las minorías basado en el escrupuloso cumplimiento de la Ley, y, a mi modo de ver esto es la antítesis del gobierno Asirón. Ahora bien, puedo estar equivocado, nadie somos infalibles.
Juan Pablo Ibáñez, abogado