El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado de la presidenta del PSOE Cristina Narbona, la vicepresidenta Carmen Calvo (d), y el ministro de Fomento José Luis Ábalos (i), presenta las 110 principales medidas del programa electoral con el que los socialistas concurren a las elecciones del 28 de abril, esta mañana en Madrid. EFE
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido este miércoles que si gana las elecciones del 28 de abril recuperará la renta básica de emancipación para el alquiler destinada a jóvenes con ingresos bajos, así como el ingreso mínimo vital para erradicar la pobreza infantil.
Sánchez ha presentado en el Teatro Gran Maestre de Madrid el programa electoral socialista que contiene 110 medidas y pivota sobre siete ejes que buscan avanzar en derechos sociales y laborales, y en transformar la economía para adaptarla al siglo XXI.
El candidato del PSOE y presidente del Ejecutivo, arropado por todos sus ministros, a excepción de Josep Borrell, ha reiterado la necesidad de subir los impuestos a los contribuyentes de ingresos más altos y con mayores patrimonios así como implantar el gravamen a determinados servicios digitales y a las transacciones financieras.
Aunque no ha mencionado la implementación de un impuesto al diésel que se equipare con el de la gasolina, Sánchez ha incidido en impulsar una fiscalidad ambiental, así como un plan de Apoyo Integral al Sector de la Automoción 2019-2025 que camine hacia la movilidad eléctrica.
Por otra parte, también se ha comprometido a revisar el gasto público para que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) continúe con un plan de acción en 2019 en torno a los beneficios fiscales, al gasto en medicamentos hospitalarios, al de infraestructuras de transporte o al relativo a los incentivos a la contratación.
En el programa socialista, Sánchez también se compromete a eliminar el actual déficit de la Seguridad Social en un plazo de cinco años, así como a derogar el índice que revalorizaba las pensiones el 0,25 % aprobado por el Gobierno del PP para que se actualicen con el IPC real también a partir de 2020.
Y es que aunque el Pacto de Toledo cerró en la recomendación segunda la revalorización de las pensiones al IPC real (media de la inflación anual) las recomendaciones decayeron al no ser aprobadas por el Congreso.
Asimismo el Ejecutivo socialista no llegó a derogar en el Real Decreto Ley sobre pensiones el índice de revalorización del 0,25 % aprobado por el PP y tan solo establecía la subida del 1,6 % con carácter general, que llega al 3 % en el caso de las mínimas y no contributivas.
Sánchez también ha insistido en derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral y que los contratos se simplifiquen a tres: indefinido, temporal y formativo, y ha vuelto a abogar por la creación de un estatuto del becario que limite el encadenamiento de períodos de prácticas y establezca un porcentaje máximo de becarios en las empresas.
En materia salarial no se ha pronunciado sobre una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.000 euros en 2020, pero sí ha apostado por un aumento progresivo que alcance la recomendación de la Carta Social Europea que lo establece en el 60 % del salario medio neto.
También ha incidido en la necesidad de crear una nueva ley que considere familia numerosa especial a aquellas con cuatro o más hijos, ya que hasta ahora era la familia numerosa general la que establecía el parámetro de los cuatro hijos.
Además que recoja la consideración de familia numerosa también a las monoparentales y con dos hijos o más.
Otra propuesta de Sánchez será impulsar el autoconsumo eléctrico para que en 2030 el 74 % de la electricidad sea renovable, con un calendario de cierre de todas las centrales nucleares y con una estrategia para combatir la pobreza energética, «consolidando el derecho a la energía».
La mayoría de la propuestas económicas del PSOE se contemplaban ya en los programas electorales de 2015 y 2016, aunque en esta ocasión ha destacado la recuperación de la renta básica de emancipación que implantó el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007 y que luego limitó el gobierno del PP en 2011.
Otras de las medidas se refieren a la tramitación de decretos leyes o proposiciones de ley que decayeron en el Congreso ante la disolución de las Cortes, como la creación de una Autoridad de Protección del Cliente Financiero o la reforma de los organismos reguladores y supervisores de los mercados. EFE
