Miguel Laparra durante una rueda de prensa. EFE/Villar López
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Aprueba la Cartera de Servicios Sociales, con 21 nuevos servicios y prestaciones garantizadas
El Gobierno de Navarra ha aprobado en su sesión de este miércoles una nueva Cartera de Servicios Sociales con un presupuesto de 278 millones de euros para su desarrollo, un 55,2% más que en 2015, y 25 servicios y prestaciones garantizados.
El Decreto Foral, ha dicho en conferencia de prensa el vicepresidente Miguel Laparra, incluye 21 nuevos servicios o prestaciones, 12 garantizados y 9 no garantizados, y reconoce como garantizados otros 13 servicios que hasta ahora no lo eran.
Además se modifican los criterios de acceso en 27 servicios para ajustarlos a las necesidades de las personas usuarias, varía también la intensidad de la atención en algunas áreas que comprenden 42 servicios y se reducen los plazos de concesión en otros 9.
«Una modificación importante, un salto cualitativo, una adecuación a las normativas aprobadas durante una década y una ampliación de derechos» en atención primaria, dependencia, enfermedad mental, inclusión social, menores y víctimas de violencia machista, ha afirmado Laparra.
Y ha añadido que es «un paso importante en el reconocimiento de derechos y en el avance hacia una ciudadanía social, transformado servicios para dar cada vez mayor calidad y con mecanismos que aumentan al eficacia y facilitan la adaptación a los usuarios»
Un salto tras la cartera aprobada en 2008 que ha sido posible, ha precisado, por el desarrollo de servicios y prestaciones durante estos años y por el aumento de dotación económica.
Orientación familiar, mediación, puntos de encuentro, centros de día para menores, teleasistencia, recursos de viviendas (pisos tutelados, supervisados y residencias hogar) y centros de día para personas con enfermedad mental pasan a ser servicios garantizados.
Además, se incluyen como garantizados el servicio de productos de apoyo (orientación y asesoramiento), la oficina de vida independiente para personas con discapacidad y dependientes, los servicios de promoción de la autonomía personal y prevención de las situaciones de dependencia y el servicio de intervención familiar para personas con discapacidad.
Asimismo el vicepresidente ha destacado, también garantizadas, una ayuda económica de libre disposición para personas sin recursos que ingresen en centro residencial para cubrir gastos básicos y una ayuda de apoyo a la integración familiar y social para personas con enfermedad mental.
En el ámbito de menores, se añade el servicio de acogimiento residencial especializado, un servicio de acogimiento familiar de fines de semana y vacaciones y otro de apoyo a madres adolescentes en situación de desamparo.
Igualmente se regulan las ayudas asociadas a todos los tipos de acogimiento familiar, incluyendo las familias de urgencia y las familias extensas, y para las víctimas de violencia de género se incluye un servicio de acogida para víctimas de trata, servicios de atención y asesoramiento en materia de extranjería y de mediación comunitaria intercultural.
Otras nueve prestaciones pasan a formar parte de la Cartera pero no garantizadas, en su mayoría servicios y prestaciones económicas para viviendas, asistente personal para personas con discapacidad y la atención a domicilio a personas con limitaciones que no tengan el reconocimiento oficial de dependencia.
Laparra ha indicado que entre las modificaciones de la Cartera aprobadas, se elimina el límite de edad de 65 para acceder a algunos servicios de discapacidad y enfermedad mental.
A día de hoy, ha concluido, el conjunto de sistema con carácter general cubre las necesidades, aunque quizás en enfermedad mental hay que crear nuevas plazas o pisos con algún tipo de supervisión, «pero el hecho de que ahora se garanticen supondrá un impulso y un compromiso para dar una respuesta lo más rápida posible».
