El jefe de Planificación de los Mozos, Emili Quevedo, durante su declaración. EFE
El jefe de Planificación de los Mozos de Escuadra el 1-O, Emili Quevedo, ha señalado que la Policía autonómica sabía que el 1 de octubre no podía actuar «como en cualquier otra jornada electoral normal» porque era «una actividad política que había sido prohibida», y así se lo manifestaron al Gobierno de la Generalidad antes del referéndum.
Quevedo, imputado en un juzgado de Cornellà (Barcelona) por supuesta pasividad en el 1-O, ha explicado en el juicio del «procés» el malestar de la Policía catalana ante unas declaraciones públicas del exconsejero del Interior Joaquim Forn en las que decía que el Cuerpo se comportaría de la misma forma que en una jornada electoral.
«Eso obviamente no nos parecía que fuera acorde con la realidad», ha precisado Quevedo, que como hizo la semana pasada el comisario de Información el 1-O Manel Castellví, ha apuntado que esa «queja» la dejaron «patente» en dos reuniones, el 26 y el 28 de septiembre de 2017, «no solo al exconseller Forn», sino también al expresidente Carles Puigdemont y al exvicepresidente Oriol Junqueras.
«No podíamos actuar como en cualquier otra jornada electoral normal en una actividad política que había sido prohibida», ha precisado el entonces jefe de la comisaría general de Planificación y Seguridad de los Mozos.
Por otra parte, Quevedo ha precisado que en la reunión de presentación de Forn con los mandos de los Mozos, el exconsellero -acusado de rebelión en este juicio, en el que se enfrenta a 16 años de cárcel- les dijo que «tenía clara la separación entre la actividad política del Gobierno y lo que debía ser la actividad operativa o el cumplimiento de la ley por parte de la Policía».
El comisario, ya en segunda actividad, ha mencionado «el clima de tensión que se vivía en Cataluña» antes del 1 de octubre de 2017, que llevó a los Mozos a tomar medidas de protección de edificios públicos del Estado.
A su parecer, «no cabe duda» de que ante «las iniciativas políticas que se estaban llevando a cabo en Cataluña» era «bastante obvio que se podían generar tensiones en la comunidad».
Por ello, ante la posibilidad de que hubiera «incidentes» o «conflictos entre colectivos antagónicos», se detectó la «necesidad de proteger especialmente determinadas instituciones y personas». NAVARRA INFORMACIÓN/EFE
