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Barkos admite que en la defensa del orden público hay situaciones «incómodas»

La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha asegurado este viernes que un modelo de policía integral como el que se reclama para la Policía Foral incluye también la defensa del orden público, un ámbito en el que pueden darse situaciones «incómodas».

Barkos, quien ha comparecido en comisión parlamentaria para exponer las actuaciones llevadas a cabo durante la huelga de la empresa Huerta de Peralta, ha afirmado que, «salvo que se demuestre lo contrario», la Policía Foral actuó en este conflicto laboral bajo los criterios de «oportunidad, congruencia y proporcionalidad».

Ninguna dirección de una policía, ha dicho Barkos, «puede garantizar que en un momento de enfrentamiento entre ambas partes» haya situaciones violentas, pero, si hubo violencia por parte de los agentes, «fue en respuesta a una actuación violenta del otro lado».

La presidenta ha declarado que el modelo de policía integral está «bien definido en el acuerdo programático» y en este sentido ha apuntado que, en la defensa del orden público, siempre habrá situaciones «incómodas».

La consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, María José Beaumont, ha explicado por su parte que, en esta huelga, la misión de la Policía Foral fue garantizar el derecho a la huelga y el derecho al trabajo de las personas que no secundaban la misma.

La Policía Foral, ha indicado, formó barreras de contención para garantizar el derecho al trabajo e intervino asimismo ante protestas en el acceso a la empresa y en la carretera, sobre todo por sentadas y concentraciones no comunicadas.

Beaumont ha comentado que los agentes utilizaron siempre el armamento reglamentario, «con criterios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad», ha insistido, y además se aplicó «el nivel más bajo de medios que en cada caso se consideró necesario», tendiendo en todo momento a la «mínima intervención».

«El único medio utilizado y en escasos momentos», ha aseverado, fueron las porras de los agentes.

La consejera ha manifestado que no consta ninguna amenaza proferida por un policía foral a alguna persona ni agresiones a los huelguistas.

Ha reconocido que hubo heridos, «consecuencia inevitable de una situación de enfrentamiento físico», pero no constan denuncias, y además entre ellos hay seis agentes lesionados, tres con baja laboral, y una de éstas de larga duración.

El vicepresidente de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, ha destacado que, durante todo el conflicto, el Gobierno foral ha estado en contacto con los representantes de la dirección de la empresa y del sindicato LAB en Navarra.

Huerta de Peralta, ha informado, es una empresa familiar, que desde 2001 a 2018 ha recibido 1,7 millones de euros en subvenciones públicas.

Es evidente, ha dicho, que durante la huelga hubo «momentos de tensión» e incluso se perdió algún cliente importante, aunque se llegó a un acuerdo el 21 y 22 de enero, que es positivo porque «las dos partes ganan».

Ayerdi, quien ha subrayado que ese acuerdo «debe ser entendido como una oportunidad ante el futuro», ha considerado que a partir de ahora «será esencial generar una relación de confianza entre ambas partes» porque la misma «se ha deteriorado mucho».

El portavoz de Orain Bai, Carlos Couso, ha apuntado que ésta «era una huelga muy bonita, en solidaridad con cuatro compañeros despedidos».

Couso ha defendido la actuación de los piquetes y del comité de huelga, al que se impidió, ha dicho, la entrada a la empresa durante las jornadas de paro aunque tenía derecho a hacerlo.

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha entendido que «un gobierno del cambio debe hacer una reflexión» sobre lo sucedido en este caso y, en general, sobre la intervención policial en este tipo de conflictos.

Araiz ha comentado que su grupo no desea hacer «un ataque» a la Policía Foral por su actuación en la huelga de Huerta de Peralta o en los incidentes en el Casco Viejo de Pamplona, pero tampoco «una defensa acrítica» de todas sus intervenciones.

Por I-E, José Miguel Nuin ha recordado que la huelga es un derecho que conlleva unas obligaciones también para la empresa, que no puede sustituir trabajadores durante los paros ni adquirir producto de fuera, algo cuya comprobación, ha apuntado, fue impedida por la Policía Foral al comité de huelga.

Nuin ha opinado que, respecto a la Policía Foral, debe existir «la confianza de la ciudadanía en que ese cuerpo actúa defendiendo los derechos de todos», en este caso de la dirección y de los huelguistas, pero «eso no es lo que dice el comité de empresa».

El parlamentario de UPN Sergio Sayas se ha referido al caso del gaztetxe de Palacio Marqués de Rozalejo y, tras afirmar que ha habido «criterios políticos en la actuación policial», ha señalado a la presidenta que «arriesgaron la seguridad de los policías para ponerles después un candado de plata a los okupas».

Koldo Martínez, de Geroa Bai, se ha congratulado del acuerdo en esta empresa y, sobre la actuación policial, ha comentado que «seguro que en algún momento alguien metió la pata», aunque lo importante es que «las directrices son claras» en este cuerpo.

La portavoz del grupo socialista, María Chivite, ha entendido que la percepción social sobre la actuación del Gobierno de Navarra en Rozalejo es «vergonzosa» y, tras rechazar una Policía Foral «de adorno», ha defendido una con recursos, «que vaya asumiendo más competencias». EFE

Pie de foto

La presidenta del Gobierno, Uxue Barkos comparece en el Parlamento para expresar su posición ante el modelo de intervención policial en conflictos sociales y aclarar los criterios que se han seguido para adoptar las decisiones políticas y las instrucciones dadas a la Policía Foral, tanto en Peralta, con el conflicto de las huertas, como en el Casco Viejo con el desalojo y posterior cierre del gaztexe. EFE/ Jesus Diges

Barkos afirma que en Rozalejo la prioridad ha sido siempre la seguridad

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