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Derechos Sociales crea una fundación pública para la gestión directa de servicios

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El Departamento de Derechos Sociales contará con una fundación pública para la gestión directa de varios servicios sociales, servicios que habían sido adjudicados a terceros mediante contratación pública

Se trata de los apartados relativos a los centros de servicios sociales (incorporación sociolaboral, atención a la infancia y a la adolescencia u atención integral a víctimas de violencia de género) el que prestan los centros de observación y acogida, también en el ámbito de la protección a la infancia y a la adolescencia, y el centro de día para el cumplimiento de medidas judiciales de nueva creación.

La constitución de esta fundación pública ha sido aprobada en la ultima sesión de Gobierno celebrado ayer y presentada esta mañana en rueda de prensa por el vicepresidente, Miguel Laparra, junto con la directora gerente del SNE, Paz Fernández.

El Departamento de Derechos Sociales ha considerado conveniente recuperar la prestación de los servicios por la especificidad de las funciones que prestan, “el asesoramiento técnico, la homogeneidad en las actuaciones, la utilización de criterios, herramientas y metodología comunes en los servicios sociales de base y la valoración de las situaciones de desprotección en menores”, ha explicado. En todos los casos se trata de servicios que fueron concebidos para su gestión pública en la medida en que ejercen funciones de supervisión y coordinación de otros servicios públicos, caso de los centros de servicios sociales, y en otros son los responsables de la valoración técnica que la administración debe realizar en los casos de desprotección de menores. Además, ha remarcado que aunque la “gestión que vienen realizando es satisfactoria, su naturaleza hace que la gestión directa de los mismos sea más adecuada y alineada”.

Entre las labores que llevará a cabo la fundación destacan la planificación y programación de los servicios, la gestión de los centros y servicios que dependan de la misma y la cooperación con aquellas entidades que mejoren la eficacia de la actividad. Para ello el Departamento ha optado por la figura de fundación pública dado que responde al interés social evidente de la materia, a la naturaleza de la entidad (sin ánimo de lucro) y a la consecución más directa de los fines de las prestaciones evitando crear otras unidades administrativas.

Cabe destacar que los nuevos estatutos de la Fundación aprobados ayer, contarán con una presencia mayoritaria del Gobierno de Navarra y representación de hasta tres departamentos, además de tres representantes elegidos por el Parlamento de Navarra y otros tres por el Consejo Navarro de Bienestar Social. Con esta composición, se quiere asegurar la plena integración con la gestión pública de los servicios, a la par que mejora la transparencia y la gestión participativa con presencia de personas a consensuar con las entidades de iniciativa social. Igualmente, está prevista la creación de comisiones técnicas para cada servicio, de tal manera que se asegure la calidad en la gestión de los mismos.

Centros

La fundación ofrecerá las prestaciones a cargo de los Centros de Servicios Sociales existentes tanto en las áreas de Estella-Lizarra y Tudela, que aglutinan a 15 zonas básicas de servicios sociales de base.

Los centros cuentan con tres equipos. EISOL, Equipo de Incorporación Sociolaboral (trabaja en la inserción sociolaboral de las personas excluidas socialmente o en riesgo de estarlo); EIAIA, Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (equipo multiprofesional que apoya a los servicios sociales de base y especializados mediante el desarrollo de programas de prevención secundaria e intervenciones en infancia, juventud y sus familias) y EIAV, Equipo de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género (apoya y refuerza al servicio social de base e informa, deriva, asiste a las víctimas en las facetas económica, laboral y psicológica). Aunque la Comunidad Foral ostenta la titularidad de estos centros, la gestión y prestación de los mismos ha sido ejecutada a través de la Fundación Pauma.

En 2017, los dos centros referenciados atendieron a 1.063 personas:481 en Estella-Lizarra y 582 en Tudela, con un coste total de 1.340.544, 96 euros y servicios prestados por 37 personas (17 en Estella-Lizarra y 20 en Tudela).

En el detalle concreto, el Centro de Servicios Sociales de Estella-Lizarra atendió en su equipo de EISOL a 153 personas; el equipo de atención a la infancia (EIAIA) a 156 menores de 79 familias y el EIAV prestó servicio a 172 mujeres suponiendo una inversión para el Departamento de 637.328,64 euros.

En el Centro de Servicios Sociales de Tudela, el equipo de atención a la infancia atendió a 163 menores correspondientes a 90 familias; el equipo de incorporación sociolaboral trazo itinerarios laborales de 111 personas y el grupo de atención a mujeres víctimas de violencia de género apoyó a 308 mujeres, con una inversión pública de 703.216,32 euros.

Además la Fundación será la encargada de gestionar los COA (Centros de Observación y Acogida) encargados de llevar a cabo los procesos de valoración y gestión de las situaciones de desprotección de menores incluyendo, en su caso, la adopción de medidas de protección que pudieran afectar a la patria potestad de los progenitores, así como el establecimiento de las medidas de protección que sean necesarias. Igualmente, gestionará el programa de valoración de familias de acogida de urgencia que atienden a niños y niñas menores de 7 años. Actualmente Navarra cuenta con dos centros COA, el de conflicto y el de protección, gestionados por la Fundación Ilundain Haritz Berri y la Fundación Xilmena respectivamente.

La gestión del COA de conflicto la desarrolla la Fundación Ilundain Haritz Berri desde 2005 y el COA de protección lo gestiona la Fundación Xilema. 86 técnicos y técnicas desarrollaron su labor profesional en la prestación del servicio a los 257 menores atendidos en 2017, con una inversión en ese ejercicio de 1.831.234 euros. Está previsto un incremento de la inversión en la medida en que en ambos servicios se prevé ampliación de plazas. En el COA de conflicto se pasará de las 15 plazas actuales a 18, y en el caso del COA de protección, está previsto pasar de las 12 plazas actuales a 15. Con todo ello, el presupuesto inicial de la fundación alcanza los 4,7 millones de euros, lo que supone un incremento de 136.000 euros, un 3%, pero permite una ampliación de servicios, en concreto, el servicio de guardia de valoración de casos fuera de los horarios de oficina.

El vicepresidente y consejero de Derechos Sociales, Miguel Laparra, ha destacado que, “la trascendencia de estos servicios hace que sea conveniente una gestión a través de una fundación pública, garantizando la continuidad del servicio a través de la subrogación de los y las profesionales cualificados y con experiencia cuya labor en las fundaciones mencionadas ha sido muy satisfactoria.”

Una vez aprobada la constitución de la fundación, en fechas próximas se remitirá un proyecto de ley al Parlamento para la ampliación del crédito necesario para su puesta en marcha y se establecerá el calendario para el traspaso de los diferentes servicios.

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