Algunos de los acusados en el juicio de los ERE, a principios de enero. EFE
El perito de la Intervención del Estado (IGAE) Ángel Turrión considera «claro» que el consejero de Hacienda «tenía que conocer» que Empleo estaba comprometiendo ayudas de los ERE sin crédito presupuestario, al ser «un tema de importancia, no formal» reseñado por el interventor de la Junta.
La prueba pericial de la pieza política de los ERE, en la que son juzgados 22 ex altos cargos de la Junta por prevaricación y malversación, ha concluido hoy tras 26 sesiones celebradas desde el 11 de septiembre en las que tres peritos de la IGAE -cuyo informe es clave para las acusaciones- y seis expertos propuestos por las defensas de los exconsejeros de Hacienda y Empleo han analizado el «procedimiento específico» usado por el Gobierno andaluz en una década para repartir 850 millones en ayudas sociolaborales.
El abogado José Rebollo, que defiende al exinterventor de la Junta Manuel Gómez, ha terminado hoy su interrogatorio a los peritos, a los que ha preguntado si con los informes elaborados por su defendido para dos proyectos de normativa reguladora de las ayudas en 2000, 2001 y 2004 el consejero de Hacienda y el Consejo de Gobierno tenían suficiente información sobre las deficiencias en la concesión de esas ayudas.
El perito de la IGAE ha subrayado que «es claro que la Ley General de Hacienda Pública y el Reglamento de la Intervención de la Junta contempla la remisión de todos los informes definitivos de la Intervención de la Junta al consejero de Hacienda para que en su caso, si lo estima procedente, pueda someter al Consejo de Gobierno los aspectos más relevantes que se incluyan en el informe».
Para Turrión, la advertencia de que se estaban comprometiendo ayudas sin crédito presupuestario es algo que «obviamente el consejero de Hacienda tenía que conocer, es un tema de importancia no formal ni administrativo, sino un elemento esencial dentro de la tramitación de un expediente».
En este juicio se sientan en el banquillo de los acusados hasta tres consejeros de Hacienda -Magdalena Álvarez, Carmen Martínez Aguayo y quien fuera posteriormente presidente de la Junta José Antonio Griñán-, además de un viceconsejero y un exdirector de Presupuestos, así como dos expresidentes del Gobierno andaluz (el propio Griñán y su antecesor Manuel Chaves).
Turrión ha reconocido que no hay un precepto legal que permita al Interventor General de la Junta dirigirse directamente al Consejo de Gobierno, como sí puede hacerlo la IGAE al Consejo de Ministros, «ya que normalmente los informes de la Intervención de la Junta pueden llegar al Consejo de Gobierno a través de la Consejería de Hacienda».
El profesor Juan Zornoza, propuesto como perito por Griñán, ha subrayado que en los informes del interventor «no existía ninguna obligación legal precisa del consejero de Hacienda».
Ha defendido que en los sucesivos planes de control financiero permanente que aprobaba el Consejo de Gobierno se adoptaron todas las propuestas «para mejorar las deficiencias» señaladas para la Intervención General.
«Quienes ocuparon esas consejerías cumplieron con las obligaciones que la Ley les imponía y tampoco el Consejo de Gobierno fue ajeno al cumplimiento de tareas para mejorar esas deficiencias», ha subrayado Zornoza. EFE
