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Autonomías y ayuntamientos tendrán 4 años para adaptarse a la normativa VTC

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un real decreto ley por el que faculta a las comunidades autónomas y los ayuntamientos a regular la actividad de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) con un régimen transitorio de cuatro años para que adapten la legislación.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha explicado al término del Consejo de Ministros que esta moratoria permite a las VTC seguir operando cuatro años más en el ámbito urbano como hasta ahora.

La norma indica explícitamente que se trata de un plazo «suficiente para compensar los perjuicios que pueda ocasionar a los titulares» de las VTC otorgadas con arreglo a la normativa anterior y que puedan ser anuladas para respetar el ratio legal de 1/30 (una VTC por cada 30 de taxis).

No obstante, el real decreto ley admite que, en determinados casos debidamente justificados, pueda ampliarse dicho plazo de 4 años para recuperar la inversión a las VTC que lo soliciten, si no pueden acceder a una segunda autorización en el ámbito urbano.

Ábalos ha señalado que taxi y VTC «se van a quejar» por este periodo transitorio que incluye la norma y ha precisado que «a algunos les parecerá muy poco tiempo y a otros, un mundo».

Ha añadido que esa queja generalizada «evidencia que se ha actuado con la mayor objetividad y racionalidad».

El sector de las VTC, que actualmente presenta una proporción aproximada con el taxi de 1/6, logrará en los próximos meses una oleada de unas 9.000 nuevas licencias en el mercado por resoluciones de procesos judiciales pendientes.

Ábalos ya apuntó en una comparecencia en el Congreso que esta oleada de nuevas licencias VTC resituará la proporcionalidad VTC-taxi en 1-3 en el ámbito nacional «sin cumplir ni de lejos» la proporción 1-30 de la normativa.

El titular de Fomento ha explicado que el taxi y las VTC se han convertido en dos servicios de transporte que operan en un mismo ámbito, pero con una fuente de regulación distinta.

A su juicio, las VTC «han crecido con la aparición de las plataformas», como Cabify o Uber, y ha opinado que este crecimiento «ha producido un conflicto con el taxi».

Ábalos ha resumido que la nueva normativa «pretende ajustar un espacio de actividad como el de las VTC al correspondiente nivel regulador, que es el urbano, y que debe regularse como el resto de transportes urbanos».

Ha justificado la habilitación para regular las VTC a las comunidades autónomas y administraciones locales por ser «las instancias más próximas al problema».

El real decreto indica también que en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor, el Gobierno presentará a las Cortes Generales un proyecto de ley de modificación del régimen de infracciones y sanciones, cuya cuantía podrá aumentar para las VTC que infrinjan sus limitaciones.

El real decreto ley aprobado hoy será remitido al Congreso para su convalidación en el plazo de un mes. EFE

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