Palacio Marqués de Rozalejo en Pamplona.
El consejero de Hacienda y Política Financiera, Mikel Aranburu, ha anunciado que Hacienda estará «pendiente» de las operaciones ilegales que se lleven a cabo en el edifico ocupado del Palacio Marqués de Rozalejo durante las fiestas de San Fermín
Así lo ha afirmado esta mañana en el hemiciclo navarro, en respuesta a una pregunta del regionalista Juan Luis Sánchez de Muniáin sobre una actividad de hostelería ilegal en el Palacio Marqués de Rozalejo durante las fiestas de San Fermín.
«Hacienda va a intervenir, está claro que tiene que controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias», ha indicado, tras matizar que «no es lo mismo el control tributaria de actividades legales que ilegales».
En este sentido, y tras asegurar que Hacienda estará «pendiente» de estas operaciones, ha añadido que se «podrá investigar qué tratamiento se da a los flujos de dinero que se produzcan».
«Lo hará a través de las herramientas correspondientes al ser actividades ilegales», ha apostillado.
Por su parte, el regionalista ha considerado que «sabiendo que se va a producir ese fraude, debe tomar medidas desde ya». «Se va a defraudar a Hacienda en un edificio de Hacienda y el consejero no puede cruzarse de brazos -ha destacado-, ¿con qué cara se va a mirar a los contribuyentes cuando se exijan sus contribuciones?».
También la consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, María José Beaumont, ha tenido que responder sobre esta cuestión a la portavoz popular, Ana Beltrán.
Según ha indicado, el Ejecutivo Foral «no puede impedir» la realización de actividades ilegales como la venta de alcohol o la celebración de conciertos en el edificio ocupado de Marqués de Rozalejo «por la simple y sencilla razón de que no tiene competencia para ello».
La consejera ha recordado que el Ayuntamiento de Pamplona ya aprobó una resolución en abril de 2018 en la que se prohibía la celebración de cualquier tipo de actividad recreativa o espectáculo público.
Tras subrayar que «no se ha solicitado el auxilio de Policía Foral por parte de Policía Municipal», ha asegurado que «el asunto está judicializado y el Gobierno de Navarra no puede entrar en ese local sin una decisión judicial».
Por su parte, la popular ha denunciado que «no han estado lo suficientemente interesados en el desalojo de ese edificio, a pesar de ser responsabilidad y propiedad de su gobierno».
Beltrán, que ha denunciado la «nula voluntad» del actual Gobierno de desalojar el inmueble «porque son sus chicos», ha criticado que no se procediera «de inmediato» a la desocupación. EFE
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