El Parlamento de Navarra tratará en su sesión de hoy lunes la petición de comparecencia para que la presidenta del Gobierno foral explique el trabajo realizado conjuntamente con el Gobierno Vasco para analizar el fin de ETA y sus objetivos.
Además, se estudiará la admisión a trámite de una moción del cuatripartito por la que se insta al Gobierno de España a trasladar a la cárcel de Pamplona a todas las personas presas navarras o con arraigo en Navarra que se encuentren cumpliendo condena en otras prisiones, y de otra que insta al Gobierno de España a modificar el Código Penal para que considere que las relaciones sexuales sin consentimiento son agresiones sexuales, es decir, violaciones.
Se trata de algunos de los puntos del orden del día de los órganos del Legislativo, que además estudiarán una propuesta de declaración institucional de rechazo y exigencia de la suspensión de las maniobras militares con fuego real que se van a llevar a cabo en el polígono de tiro de Bardenas.
Se verán además dos proyectos de Ley para autorizar a Sodena la concesión de préstamos y avales a las empresas Dynamobel y Sendaviva, y proposiciones de ley sobre la reducción de horas de la asignatura de religión en centros públicos y concertados, y sobre sanciones administrativas a cargos públicos.
También se conocerá el criterio del Gobierno de Navarra relativo a varias proposiciones de ley, entre ellas la que regula ayudas económicas para fomentar la Natalidad, y la de Reforma de la Compilación de Derecho Civil de Navarra en Materia de Filiación.
En cuanto a las mociones, destacan las que instan al Gobierno de Navarra a convocar el Consejo de Diálogo Social y presentar el Plan de Empleo 2019-2023, y a emprender acciones judiciales frente a Caixabank para recuperar los 4,9 millones que las arcas forales perdieron como consecuencia de la contratación, por el anterior Gobierno, de productos financieros (SWAP y COLLAR).
Además, se ha pedido la comparecencia de la Consejera de Presidencia y del consejero de Hacienda para explicar la situación de la custodia de todos los datos de la administración navarra y su seguridad. EFE
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