La advertencia, el aviso, la alarma que ayer mismo, lanzaba la presidenta de una de las principales asociaciones de víctimas del terrorismo, Consuelo Ordóñez, de COVITE, no debería caer en saco roto.
Si, además, se comprobase que lo anunciado por ella, fuera cierto, la asunción de responsabilidades políticas, debería llevar a la dimisión, del ministro de Interior y, más todavía, del Gobierno en pleno.
Ayer el partido nacionalista vasco, el PNV, rechazaba presentar, a las cuentas públicas del Estado, la anunciada enmienda a la totalidad, o lo que es lo mismo, rechazar, en primera instancia, los presupuestos generales del Estado (PGE). Señal inequívoca de la existencia de una negociación que podría haber provocado que el PNV halla pedido las competencias en política penitenciaria al gobierno de Rajoy. Lo que alertaba Consuelo Ordóñez en sus declaraciones, además de pedir al Gobierno que actúe «para que el supuesto final de la banda terrorista no sea un nuevo acto de propaganda”.
Un Gobierno no puede permitirse chantajes de tal calibre. El PNV quiere acercar a las cárceles del País Vasco a sus presos y ello podría hacerlo si controlara la política penitenciaria. Todavía más al coincidir, como coincide, con el nuevo, renuevo y más nuevo, anuncio de la banda terrorista ETA sobre su disolución.
Esta, la política penitenciaria, debería ser una línea roja que el Gobierno no debería cruzar.
¿Por qué lo hace? realmente, ¿son los PGE los que preocupa y ocupa al Gobierno de Rajoy?