El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en Luxemburgo, institución que vela por el cumplimiento de la legislación comunitaria, prevé que los tribunales de cualquier país miembro puedan dirigirse a él si tienen dudas sobre la interpretación de alguna normativa europea.
Si el Tribunal Supremo español decidiera acudir al TJUE en relación al expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont lo haría en virtud del artículo 267 de los tratados de la UE, en lo que se denomina «cuestión prejudicial».
La cuestión prejudicial es un instrumento establecido para que los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros pidan aclaración sobre la validez o interpretación de algún precepto de la normativa comunitaria. EFE