El Defensor del Pueblo de Navarra ha presentado a la presidenta del Parlamento Foral su memoria de activad de 2017, en la que alerta de que «Educación se ha convertido en un campo de fricciones» por lo que insta a buscar elementos que le den «estabilidad».
Javier Enériz precisa en su informe que el año pasado la oficina del defensor realizó 2.412 actuaciones, 447 más que en 2016, derivadas de las 921 quejas y 1.231 consultas presentadas por la ciudadanía, actividad a la que se suman 118 sugerencias, 232 recomendaciones y 132 recordatorios de deberes legales con una captación del 61,4%.
En el apartado de quejas, el Defensor subraya las 156 relativas a Educación, entre las que destaca cuatro casos de acoso escolar, otras sobre el baremos de admisión de alumnos en centros públicos y concertados, el transporte escolar, la supresión del A 1 de inglés en el EOI de Pamplona o la consideración como vacaciones de los días no lectivos interpretación sobre los días no lectivos de los docentes con contrato inferior a un año.
Otros asuntos que resalta la memoria son el aumento de menores en situación de desprotección, la persistencia de las listas de espera en especial en traumatología y rehabilitación, y la necesidad de extender el alquiler social a los sectores mas desfavorecidos.
El Defensor alude asimismo al importante número de quejas presentadas en 2017 en relación con la función pública, tanto de contratados como de funcionarios.
Y de entre estas cita la firmada por 1.838 profesionales del ámbito sanitario acogidos a la Seguridad Social y que alegan un trato discriminatorio a la ahora de jubilarse en comparación con los integrados en Montepíos.
También se han recibido 86 quejas referidas a bienestar social, de las que hace una mención especial, a demás de la citada desprotección de menores, a las 13 relacionadas con la renta garantizada, a tres por violencia de genero y a seis por inadecuada atención de trabajadores sociales.
La gestión de las listas de contratación temporal, el acceso a un empleo publico en condiciones de igualdad en Educación, Salud y Presidencia, y la modificación de la prioridad de las personas con discapacidad en las listas de contratación son otras quejas en función pública, con un total de 96.
Los ruidos procedentes de bajeras de jóvenes, locales de hostelería y camiones reparto o de recogida de basuras son parte de las 66 quejas sobe medio ambiente; listas de espera, atención clínica e instalaciones hospitalarias forman parte de un paquete de 55 alusivas a sanidad; y la disminución de las ayudas al alquiler son algunas de las 35 registradas sobre vivienda.
En tráfico son 30 las quejas presentadas, incluida varias por el servicio de grúas; otras 27 afectan a seguridad ciudadana, algunas por el «trato inadecuado» por parte de agentes de policía; y 25 a trabajo, entre ellas una de 20 empleadas de empresas de limpieza que denuncian una merma de condiciones laborales por las condiciones de la licitación.
El Defensor del Pueblo recoge igualmente en su memoria de 2017 las 2.147 firmas que lleva una queja relacionada con la desaparición de aparcamientos que conllevará el proyecto del Ayuntamiento de Pamplona para la avenida de Pio XII.
La memoria recoge como novedad un análisis del impacto de género en las quejas según el cual éste es «evidente» ya que en determinadas materias, las llamadas «sociales», quienes mas quejas promueven son las mujeres «y normalmente para amparar a terceras personas».
Por último el Defensor desglosa por administraciones las quejas recibidas, el 53,9% relativas al Gobierno, el 26,8% a las entidades locales y el 9,4% al Estado. EFE
