La consejera de Educación, María Solana, ha defendido el proceso de contratación de los servicios de limpieza en 29 centros educativos en una comisión parlamentaria en la que ha subrayado el «gran esfuerzo» que han realizado para mejorar diferentes aspectos que determinan esa licitación.
La comparecencia ha sido solicitada por el PSN ante el «revuelo» que, según Ainhoa Unzu, se ha producido entre las empresas y los sindicatos al constatar que «prácticamente los 27 lotes salían en pérdidas económicas», lo que, ha dicho, ha obligado a introducir algunas modificaciones.
«No ha habido modificación respecto del pliego publicado» y pese al «gran revuelo que dice que ha habido», no se ha producido ningún recurso de alzada, ni ninguna reclamación, ha respondido Solana, quien ha aseverado que «de ninguna manera se adjudica a la baja».
La consejera ha explicado que su departamento tiene competencia para la gestión de limpieza de edificios propios y todos los años el servicio de Infraestructuras Educativas licita el contrato de limpieza en varios lotes (en este caso 27 lotes para 29 centros) con una duración anual. Veinticinco lotes se han adjudicado y dos han quedado desiertos y volverán a ser licitados.
Con el objeto de corregir errores el pasado ejercicio se realizó una encuesta de satisfacción con respuestas muy variadas en función de las características de los centros, pero con dos conclusiones comunes: la necesidad de aumentar el número de horas de limpieza ordinaria y aumentar las horas ordinarias a costa de reducir las horas de limpiezas generales durante el verano.
Respecto a los criterios de adjudicación ha comentado que en licitaciones previas habían sido únicamente económicos, la oferta más ventajosa, con el número de horas ofertadas como único criterio técnico a valorar.
En este caso, ha apuntado, se ha hecho «un gran esfuerzo» por determinar las horas necesarias en cada centro y el número de horas ha dejado de ser un criterio técnico para ser un requisito.
Además, ha subrayado, «se da un gran salto cualitativo en los criterios técnicos», ya que manteniendo la oferta más ventajosa como criterio de adjudicación se han tenido en cuenta criterios sociales, medioambientales, de formación de personal o mejora en los sistemas de obtención de datos, que representan el 40 % de la puntuación.
Asimismo ha indicado que se considera que una oferta era anormalmente baja si era inferior en 30 puntos porcentuales del presupuesto máximo de licitación y en ese caso para dificultar la presentación de ese tipo de ofertas se ha reducido a 9 puntos.
«En el sector de limpieza llueve sobre mojado», ha sostenido Ainhoa Unzu, quien ha denunciado que se están «tirando los precios», con «bajas temerarias de hasta el 33 %», y ha hablado de «recortes».
Ana San Martín (UPN) ha afirmado que ha habido correcciones, a lo que Solana ha respondido que se han ido sumando aportaciones en lo relativo a subrogación de empleados, pero «no son modificaciones del pliego». La regionalista ha opinado que con estos pliegos es difícil que se cumpla el convenio colectivo de limpieza, así como que «los precios bajan» y con ellos los derechos de los trabajadores.
La parlamentaria de Geroa Bai Isabel Aranburu ha opinado que las cosas se han hecho «suficientemente bien», como atestigua que no haya recursos, ni reclamaciones. Se ha mostrado confiada en que con la futura ley de Contratos se puedan introducir mejoras.
Las peticiones de los sindicatos han sido recogidas en una enmienda del cuatripartito que se incorporara la ley de Contratos, ha respondido Esther Korres (EH Bildu) al PSN en una intervención en la que ha concluido que se ha actuado con «diligencia y corrección».
Tere Sáez (Podemos), quien ha instado a que toda las contrataciones se hagan ya bajo los parámetros de la Ley de Contratos, ha manifestado que «pagar estos trabajos en condiciones» sería un paso para acabar con la brecha salarial.
La portavoz del PPN, Ana Beltrán, dirigiéndose al Ejecutivo y los grupos que le sustentan, ha dicho son el «Gobierno de los recortes, pero lo quieren esconder a toda costa», tras lo que ha denunciado su «profundas contradicciones y falta de coherencia».
José Miguel Nuin (I-E) ha coincidido con Sáez en la conveniencia de que acudan los sindicatos para exponer su postura y ha puesto en valor la ley de Contratos que espera que se apruebe por unanimidad.
En su réplica, Solana ha reconocido que un sindicato llegó a plantear jornadas de huelga que finalmente desestimó, pero ha precisado que no se ha solicitado ni se ha convocado ningún foro concreto de sindicatos o empresas para tratar esta cuestión. EFE
