El exconsejero de Empleo Antonio Fernández ha descargado hoy toda la responsabilidad sobre la gestión de las ayudas sociolaborales investigadas en el caso ERE en su director general de Trabajo Javier Guerrero que «trabajaba con absoluta libertad y discrecionalidad».
Fernández se enfrenta a ocho años de cárcel y treinta de inhabilitación por prevaricación y malversación en el juicio de la pieza política de los ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta por crear o mantener un «procedimiento específico» con el que entre el 2001 y el 2011 la Junta repartió más de 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo los controles administrativos, según el juez instructor.