Ortiz y Castedo en una imagen de archivo. Efe
La Fiscalía Anticorrupción solicita sendas penas de 10 años, 2 meses y 2 días de prisión para los exalcaldes de Alicante Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, ambos del PP, por favorecer al empresario Enrique Ortiz en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad.
Además, el fiscal Felipe Briones pide para Castedo 24 años de inhabilitación para el desempeño de cargo público. Mientras que para su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, la petición de inhabilitación suma 29 años.
A los dos políticos les acusa de delito continuado de cohecho, revelación de información privilegiada, prevaricación y tráfico de influencias.
Felipe Briones vuelve a presentar a Castedo y Alperi como dos políticos totalmente doblegados a los intereses del constructor que no tuvieron problema en quebrar el interés general en beneficio del suyo propio. «Las dádivas de Ortiz no se materializaban en actos puntuales por cada trato de favor urbanístico recibido, sino en un ofrecimiento permanente en cuanto pensara que sería del agrado de aquéllos, o dando satisfacción a los intereses conforme le eran demandados», indica la calificación provisional.De hecho, insiste Briones en alguna ocasión Alperi «se comprometió a tomar cartas en el asunto (cuando un negocio peligraba para Ortiz) y a velar por sus intereses en el suelo».
«Prevaliéndose de las prebendas que pudiese brindarle tal amistad íntima, con la connivencia de Díaz y Sonia Castedo, quienes ostentaban la máxima competencia municipal en urbanismo, Ortiz y sus propios empleados tuvieron acceso directamente a José Jesús Quesada tan pronto se hizo cargo éste de la dirección de la revisión del Plan General, obteniendo las informaciones que precisaban, marcándole las pautas que más beneficiaban a ORTIZ y minimizando cuanto pudiera no favorecerle», sostiene el fiscal sobre la manera en la que el empresario estaba informado de todo cuanto acontecía sobre el urbanismo de Alicante.
Este escrito es muy importante porque acerca definitivamente al banquillo a los imputados del caso Brugal después de una tortuosa investigación de más de nueve años en la que las dilaciones, a causa de los recursos, ha sido una constante.
Tras la presentación de la calificación provisional de los hechos, llegará el turno de las defensas que presentarán sus escritos.
Después, la causa aterrizará en la Audiencia Provincial de Alicante, que señalará la fecha del juicio. El escrito de Briones va en la misma línea que el de la acusación popular, ejercida por Esquerra Unida (EU), que este miércoles solicitó diez años de cárcel para Castedo y Alperi y 13 para Ortiz. NAVARRA INFORMACIÓN/EFE
