Cuando un ministro de Hacienda hace las declaraciones que ayer hizo el señor Montoro, ministro de Hacienda de este país, no debe extrañar que haya quien pida responsabilidades políticas. Declaraciones contrapuestas a las del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, “no se dedicó ni un solo euro del FLA al referéndum ilegal que supuestamente se iba a celebrar en Cataluña”.
Resulta intolerable que toda una organización gubernamental-estructural-gestora, dispuesta para controlar el gasto de una comunidad autónoma, en este caso la catalana, dicen, haya sido engañada por el independentismo. Ahora se comprende cómo pudo realizarse el esperpéntico referéndum del 1-O, utilizando «presuntamente» los fondos que el Gobierno de España dispone para sus Comunidades Autónomas, los ya famosos fondos FLA.
Las afirmaciones del señor Montoro no dejan lugar a la duda. Reflejan, además, una inoperancia total, quizás consentida, en el control del gasto que debería tener consecuencias. No se entiende cómo si, según el señor Montoro, las facturas emitidas desde Cataluña pasaban por muchos organismos nadie se daba cuenta de la previsible falsedad documental existente.
Los miles de millones defraudados al FLA deberían traer consecuencias políticas. Unas consecuencias que no parece que nadie vaya a asumir y que deberían empezar por la vicepresidenta del Gobierno y su ministro de Hacienda que han sido incapaces de controlar los excesos de una autonomía que se decía que estaba controlada y que ni un euro de gasto iba a ser defraudado. Y vaya que se han defraudado euros en Cataluña.