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La inversión social de 98 millones en 2017 generó además un impacto sobre el Valor Agregado de Bruto de 98,27 millones de euros en la economía navarra
El vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, ha presentado el balance de la Renta Garantizada en 2017. Según los análisis elaborados por el Departamento, la inversión realizada en esta prestación social ha tenido un impacto económico positivo. Sobre el valor agregado bruto de Navarra, los 98.081.807,38 euros destinados ( frente a los 48.991.023,56 euros en 2014) han producido unos incrementos de valor del 98.274.836,33 €. Es decir, por cada euro destinado a Renta Garantizada, la Comunidad Foral retorna a la economía 1,002 euros, considerando los efectos directos (algo más 67 millones de euros), los indirectos (15 millones) o los inducidos (casi 16 millones de euros).
La Renta Garantizada presenta también efectos positivos en el empleo: generó 1.239, entre los 754 empleos directos, 228 indirectos y los 248 inducidos.
Para la Hacienda Foral, la estimación indica ingresos en impuestos por valor de15.375.829,22 euros: 9.697.269, 48€ en concepto de IVA; 5.678.559,74€ en IRPF.
En 2017, un total de 35.514 personas, agrupadas en 15.918 unidades familiares, han sido beneficiarias de la Renta Garantizada (RG), lo que supone un 11,37% más que en 2016, de las cuales el grupo mayoritario, 12.781, son menores de edad.
El vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, ha realizado una valoración “muy positiva” del desarrollo de la aplicación de este derecho social que se ha traducido en “una mayor inserción laboral, mayor cobertura y protección a la población, una mejora del impacto sobre la economía de Navarra y sobre la generación de empleo, un refuerzo de los mecanismos de control, una reducción de los casos de situaciones de emergencia social, una mejora en la eficiencia en la gestión por lo que ya no han sido necesarios los adelantos de Cáritas, todo ello en un contexto general de generación de empleo y reducción del desempleo, el mayor en los últimos 12 años”.
Según ha informado este martes el vicepresidente, la inversión social ha sido de 98.081.807,38 €, que supone un incremento del 18,3% respecto a 2016, pero representa un descenso respecto a la variación interanual de 2016 de 11,5 puntos.
El número de personas perceptoras de Renta Garantizada con ingresos por empleo se ha duplicado desde 2014, pasando de un promedio de 1.082 en el año 2014 a 2.265 personas al mes con ingresos por trabajo. En este mismo sentido, en 2017, 2.360 personas se dieron de baja o modificaron la prestación por acceder a un trabajo.
La permanencia en el programa de también ofrece datos positivos. Si en 2007 el promedio de permanencia en la percepción de la entonces Renta Básica era de 55.25 meses, en 2017 el promedio ha pasado a ser 36,46 meses, casi cuatro meses menos que en 2016, lo que habla de una tendencia a la inserción laboral de las personas beneficiarias de la Renta Garantizada que deja de necesitarla.
Mayor protección
Visto el programa en su contexto, desde 2014 se atiende a un 35,9% más de personas que en 2014: 35.514 personas frente a 28.821 en 2015. En este punto, cabe destacar cómo la ampliación del derecho a la prestación, recogido por la Ley Foral 15/ 2016, ha beneficiado a jóvenes y mayores de 65 años. Así, desde 2014 a 2017 se ha triplicado el número de jóvenes de entre 18 a 24 años que han accedido a la RG: de 309 casos a 930. La ampliación de la cobertura también ha beneficiado a las personas mayores, que de no tener reconocido el derecho en el sistema RIS, pueden optar por una doble vía: bien por la solicitud convencional, o bien por medio de una desgravación fiscal de equivalente cuantía: 437 personas mayores de 65 años han accedido a la RG o la deducción fiscal desde la puesta en marcha de la nueva ley.
Por unidades familiares, según los datos del Departamento de Derechos Sociales se han estabilizado el número de núcleos familiares perceptores en la segunda mitad de 2017 y se apunta ya una incipiente tendencia al descenso, que podría consolidarse si no se alteran otras variables. En el segundo semestre de 2017, en todos los meses se ha estado por debajo de las 12.500 familias atendidas.
El balance también ha destacado un cambio en parte del perfil del beneficiario en cuanto a la nacionalidad de las personas perceptoras. Entre 2014 y 2017 se ha incrementado en un 41,21 % el número de unidades familiares perceptoras de Renta Garantizada de nacionalidad española y un 26,04 las de otra nacionalidad. Sobre 15.918 unidades familiares beneficiarias en 2017: 10.705 eran de nacionalidad española frente a 5.213, de otra nacionalidad.
Otro dato destacable es la importancia del sistema para la protección de familias monomarentales. El 35,26 % de los hogares (3.082 casos) del total están soportados por una mujer sola, un crecimiento de un 13,52% respecto a 2016.
En cuanto a la distribución geográfica en Navarra, crecen ligeramente las personas beneficiarias en Pamplona y su Comarca y Estella/Lizarra y bajan la proporción en las zonas de Tafalla y Tudela. Pamplona y su Comarca absorben el 63,7 % de las ayudas (porcentaje similar al de 2007); seguida por la zona básica de Tudela, con un 15,5 % de unidades familiares atendidas (un 17,3 % en 2007). El resto de zonas se mantiene estable.
El incremento en la cuantía percibida supone el 27,2%, respecto a 2014: 504, euros al mes de promedio frente a 641 en 2017, lo que explica a las claras el especial esfuerzo del Gobierno de Navarra en la protección social. En este punto, cabe destacar entre 2016 y 2017 una ligera bajada de las cuantías de las familias unipersonales (de 4.987 €/año, en 2016 a 4.741,08 €/año en 2017), aunque este grupo presenta el mayor incremento relativo desde 2014 (más del doble). El pasado año ofrece un incremento significativo de la renta percibida por las familias de dos o más miembros, objetivo que ha primado en la estrategia del Departamento para la lucha contra la pobreza infantil. Así, las familias de 4 miembros han recibido en 2017 un 15,6%, más de ayuda respecto a 2016: pasando de 6.789 euros a 7.847 euros al año, acumulando un incremento de casi el 57% desde 2014.
Igualmente, se han reforzado los controles sobre la prestación. Por primera vez se ha puesto en marcha un protocolo de actuación conjunta entre el Servicio Navarro de Empleo y la Dirección General de Inclusión social con el fin de garantizar que se cumple la obligación de aceptar un empleo adecuado por parte de las personas beneficiarias de la RG. En este sentido, según el último dato disponible, a través de los diferentes mecanismos de control se vienen extinguiendo el 1,59% de las prestaciones concedidas por no cumplir con alguno de los requisitos exigidos.
Otra conclusión que se extrae, es que Navarra ha atendido con sus recursos el déficit en la protección del Estado a las personas en desempleo que agotan o carecen de prestaciones. Desde 2012, se destinan 233 millones menos al año a las personas desempleadas de Navarra lo que hace que Navarra afronte con sus recursos propios la falta de protección del gobierno central en materia de protección por desempleo. En 2017, a falta de recibir los datos de diciembre, la protección del Estado por desempleo, ha continuado su descenso.
El Vicepresidente Laparra ha destacado que “la Renta Garantizada es hoy una herramienta clave para la inserción socio-laboral de los colectivos en dificultades y de lucha contra la pobreza severa de un sector de la población navarra. También a la vista de los datos, es preciso subrayar el retorno económico que la prestación tiene sobre el conjunto de la Comunidad Foral (superior a otro tipo de beneficios fiscales o presupuestarios destinados a sectores de rentas altas), además de las mejoras en la cohesión de la sociedad, la seguridad, la estabilidad y el fomento de la igualdad de oportunidades de todas las personas”. Podemos afirmar con claridad, que la renta garantizada está contribuyendo a lograr los objetivos que nos marcamos en su puesta en marcha; mejorar la inserción socio-laboral, combatir la pobreza, en especial la pobreza infantil, y garantizar a toda la ciudadanía de Navarra el derecho a una vida digna.
