Laura Pérez (i) comparece ante los medios con sus compañeros Carlos Couso (2i), Rubén Velasco y Fanny Carrillo. EFE
El cambio de portavocía en el grupo parlamentario de Podemos solicitado por cuatro parlamentarios críticos con la dirección ha quedado pospuesto a la espera de un informe jurídico que determine si debe prevalecer o no el reglamento interno de la formación morada para estos casos.
La existencia de un reglamento interno de Podemos, según el cual los nombramientos los realiza el equipo directivo con el aval del Consejo Ciudadano ha llevado al actual portavoz a solicitar un informe a los servicios jurídicos de la Cámara para determinar si debe prevalecer ese acuerdo o el artículo que determina que los grupos tienen autonomía para organizarse.
Mientras llega ese informe queda pendiente el cambio de Mikel Buil por Carlos Couso registrada por la mayoría del grupo, por cuatro parlamentarios críticos con la dirección por el expediente abierto a la ex secretaria general y parlamentaria, Laura Pérez.
La petición del informe, defendida por Buil y apoyada por el cuatripartito argumentando que se debe dotar de seguridad jurídica a la decisión que se adopte, ha sido cuestionada por UPN y PSN que han apuntado que bastaba con que la Mesa tramitara el cambio de portavoz, tras lo que se han mostrado críticos con que se pretenda que la Cámara solucione los problemas internos de un partido. UPN, PSN y PPN se han abstenido en la petición del informe.
En declaraciones a los periodistas, Buil ha querido dejar claro que el cambio que se pretende ahora no tiene nada que ver con el que se produjo cuando él sustituyó a Pérez como portavoz, se parecen los mismo que una maceta a una bicicleta», ha dicho.
En su caso, según ha explicado, hubo un proceso democrático, interno y en este caso la democracia interna «se vulnera flagrantemente». Así, según ha dicho, el consejo de coordinación se lo pidió a él, se informó al grupo parlamentario y el Consejo Ciudadano votó por mayoría que fuera portavoz.
Ahora las circunstancias son distintas, ha señalado Buil, quien ha comentado que, además de existir un reglamento interno, en el informe se ha planteado que uno de los parlamentarios solicitantes, Laura Pérez, está suspendido cautelarmente de militancia.
El tiempo necesario para elaborar ese informe, «una semana o algo más», debería ser de reflexión en Podemos y en esa línea ha pedido a los cuatro parlamentarios, que ante la no retirada del expediente a Pérez están intentando «controlar, tomar el grupo parlamentario», que «cojan el teléfono, que hablen» y traten de llegar a acuerdos.
«La lucha de poder que se vive en el grupo parlamentario no representa el trabajo de Podemos» por el «cambio», ha aseverado, tras lo que ha apuntado que llevan dos años y medio siendo 26 trabajando por el bienestar de la ciudadanía y eso «tiene que estar por delante incluso del propio Podemos».
Sus socios han apoyado la emisión de un informe, ya que cuanta más información más seguridad jurídica, en palabras de Koldo Martínez (Geroa Bai), quien ha indicado que tendrán en cuenta lo que digan los servicios jurídicos a la hora de posicionarse.
Por su parte, Adolfo Araiz (EH Bildu) ha instado a las dos partes, que parecen «irreconciliables», a tomar en cuenta que «está en juego la credibilidad del cambio» y ha cuestionado que traten de traspasar la responsabilidad al resto de grupos, especialmente a los firmantes del acuerdo programático.
Araiz espera que los servicios jurídicos sean consciente de la importancia del tema y no se prolongue esta cuestión en el tiempo. Mientras tanto seguirán trabajando con Podemos como hasta ahora, tratando los temas con los responsables sectoriales.
Marisa de Simón (I-E) ha apelado a la responsabilidad de Podemos para que esta situación interna no afecte a la estabilidad del Gobierno y al acuerdo programático y les ha instando a solucionar sus problemas, dialogar y garantizar la estabilidad.
Desde la oposición, Javier Esparza (UPN), quien ha considerado «negativo» lo que sucede con Podemos ya que conlleva «inestabilidad» en el Gobierno, que eligió «pactar con populismos», ha opinado que bastaba con que la Mesa se diera por enterada, ya que cada grupo tiene legitimidad para elegir a sus portavoces.
También se ha abstenido María Chivite (PSN), quien ha señalado que «no es oportuno» que la formación morada externalice sus problemas y los lleve a la Mesa y Junta de Portavoces ya que ellos no están, ha dicho, «para solucionar los problemas internos de los partidos».
La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha apuntado igualmente que no se debe permitir que un partido cuestione o ralentice la actividad parlamentaria y en este caso se va a hacer con un informe que pospone el cambio de portavoz. EFE
