Miembros del Consejo Navarro de Transparencia, junto con la consejera Beaumont, antes de comenzar una reunión.
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El proyecto elimina barreras y obstáculos con el fin de hacer efectivo el derecho de acceso a la información pública
El Ejecutivo foral ha aprobado en su sesión de hoy el proyecto de Ley Foral de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, tras concluir el pasado 15 de diciembre el proceso de participación pública del borrador del anteproyecto. Entre las aportaciones recibidas, cabe destacar que se han delimitado las obligaciones de publicidad activa de las entidades locales, teniendo en cuenta la estructura y medios con que cuentan.
La finalidad de este texto es regular e impulsar la transparencia en la actividad pública y en la acción de gobierno, garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, regular los grupos de interés y establecer un conjunto de normas que aseguren un buen gobierno.
Tras esta aprobación, el texto se remitirá al Parlamento de Navarra para su posterior debate y, en su caso, aprobación.
Aportaciones
El anteproyecto permaneció en exposición pública del 27 de noviembre al 15 de diciembre, y durante este plazo se han recibido aportaciones de los departamentos del Gobierno de Navarra, de las entidades locales de Navarra, a través de la FNMC, y de la ciudadanía.
Asimismo, el texto cuenta con el informe favorable de la Comisión Foral de Régimen Local, y del Consejo de Transparencia de Navarra, que ha formulado observaciones y propuestas con el propósito de mejora. Entre ellas destacan las dirigidas a una más concreta delimitación de las obligaciones de publicidad activa que corresponden a cada sujeto obligado y a la concreción y ampliación de las potestades atribuidas a dicho Consejo, para la efectividad de sus actos y resoluciones en aras a garantizar el cumplimiento de la ley, ampliación que asimismo ha sido requerida por una aportación ciudadana.
Contenido
Este proyecto extiende el ámbito de aplicación de la Ley más allá de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, alcanzando a todas las entidades, tanto públicas, como la Universidad Pública de Navarra, como privadas, que puedan ser depositarias de información pública, así como a las entidades privadas que se financian con fondos públicos y a aquellas que participan en la gestión de los servicios públicos financiados con fondos públicos. También delimita su aplicación a otras instituciones públicas, como el Parlamento de Navarra, al Defensor del Pueblo de Navarra, a la Cámara de Comptos y al Consejo de Navarra.
El texto estructura y amplia las obligaciones de publicidad activa, alcanzado a importante información de carácter institucional, organizativa y de planificación, información sobre altos cargos y personal directivo, información de relevancia jurídica, información económica, presupuestaria y financiera, información sobre contratación pública, concesión de servicios, convenios, actividad subvencional, patrimonial, así como información en materia de ordenación del territorio, urbanismo, medioambiente y vivienda.
El proyecto elimina barreras y obstáculos con el fin de hacer efectivo el derecho de acceso a la información pública generalizando un procedimiento ágil y sencillo para ejercer dicho derecho.
Además, incorpora un régimen de infracciones y sanciones incrementando las garantías del derecho de acceso a la información pública. Por otra parte, plantea la adopción de medidas destinadas a eliminar los espacios de opacidad en los procesos de toma de decisión política, incorporando la regulación sobre los grupos de Interés.
También recoge que la actuación de los miembros del Gobierno de Navarra y los altos cargos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra estará presidida por el interés general y la transparencia en su gestión.
Finalmente, determina la naturaleza, composición y funciones del Consejo de Transparencia de Navarra, órgano garante de la transparencia en la Comunidad Foral de Navarra.
