Cristiano Brown
NAVARRAINFORMACION.ES
Unión Progreso y Democracia reunió ayer en Madrid a su Consejo Político Nacional para abordar la situación política que se está viviendo en Cataluña y a la espera de lo que ocurra en el día de hoy, cuando se produzca el llamado “choque de trenes” entre el Gobierno y el Gobierno catalán a costa del referéndum de autodeterminación de Cataluña, impulsado por el presidente de la Generalidad de Cataluña.
En la reunión mantenida los líderes de la formación progresista han afianzado su compromiso con la defensa de la unidad e igualdad de todos los ciudadanos españoles, puesto que es uno de los pilares de los que nació UPYD hace 10 años.
El portavoz nacional del partido, Cristiano Brown, ha indicado que su partido no apoyará ninguna acción que vaya dirigida a facilitar la aprobación de un pacto fiscal con la comunidad de Cataluña, porque según él “sirve para crear diferencias y rivalidades entre autonomías”, dotando a algunas de privilegios sobre otras y por consecuente, generando una España de dos velocidades: “las comunidades ricas siendo cada vez más ricas y las pobres, más pobres”.
Por ello, Brown recalcó que la igualdad de los ciudadanos españoles es un principio de obligado cumplimiento que está recogido en la Constitución y que los poderes públicos lo tienen que cumplir “sí o sí”. El líder magenta cree que “los nacionalistas” han estado amparados muchas veces por el Partido Popular a cambio de los votos que necesitaban para llegar a la Presidencia del Gobierno, por lo que, según Brown, “se ha generado una factura demasiado alta para todos los ciudadanos a cambio de un cargo político”.
Además, ha manifestado que Unión Progreso y Democracia denunciará todas las violaciones que se produzcan en el día de hoy, ya que consideran que “la violación de la Constitución Española ha de tener serias consecuencias”. Los líderes del partido creen que si los ciudadanos son sancionados cuando incumplen una ley, los gobernantes -que también son ciudadanos- han de tener el mismo trato, “en eso se basa la igualdad ante la ley”, explicaron.
La declaración aprobada se reproduce a continuación:
El pasado 6 de septiembre y durante los días posteriores, tuvo lugar de manera fraudulenta y antidemocrática la aprobación de legislación autonómica en el Parlamento de Cataluña contraria al ordenamiento jurídico. Esta aprobación se impulsó por parte de la Generalitat de Cataluña, teniendo como objeto poner en marcha un proceso de referéndum para la secesión de esta comunidad autónoma. UPYD considera que estos hechos constituyen, además del quebranto del ordenamiento jurídico español y en especial de su Constitución, un ataque a la soberanía nacional que reside en el conjunto del Pueblo Español.
Es de sobra conocido que los diferentes tribunales han considerado este referéndum contrario a la legislación autonómica, nacional e internacional, y que la fiscalía está persiguiendo los actos relacionados con él en la medida en que puedan constituir supuestos delictivos. El gobierno, por su parte, ha adoptado distintas medidas de carácter principalmente judicial y algunas de carácter ejecutivo para intentar hacer frente a este ataque a la democracia. Por su parte, los diferentes partidos que conforman el parlamento español han adoptado diversas posiciones, defendiendo la constitución o en ocasiones, lamentablemente, la ilegal actuación de la Generalitat.
UPYD constata que los impulsores del proceso secesionista en Cataluña, muchos de ellos miembros del Gobierno de la Generalitat, de la mesa del Parlament, o titulares de cargos públicos, han expresado de manera reiterada y explícita su desprecio por el marco jurídico español y el Estado de derecho. Recordamos que en 2012 UPYD promovió una iniciativa parlamentaria para recuperar el delito de referéndum ilegal, y lamentando que ésta fuese rechazada por todos los grupos, habiéndose podido evitar la actual situación.
Finalmente, estamos convencidos de que una importante parte de los catalanes son rehenes indefensos del llamado proceso soberanista diseñado por la Generalitat, cuyas consecuencias se proyectan sobre toda la Comunidad. Como Consejo de Dirección, estamos comprometidos, por formar parte del núcleo ideológico esencial de UPYD, con el estado de derecho fruto de la expresión de la voluntad democrática de los españoles, y recordando que el principio de soberanía es esencial para el desarrollo de un sistema democrático.
Por todo ello, el Consejo de Dirección de Unión progreso y Democracia
MANIFIESTA
- Que consideramos que la aprobación de la Ley del Referéndum y la llamada Ley de Transitoriedad por el Parlamento de Cataluña constituyen un golpe de estado a la democracia, y un acto de secesión incompatible con el derecho interno y el internacional.
- Que UPYD perseguirá por todas las vías que resulten oportunas los actos ilegales que puedan celebrarse el día 1 de octubre exigiendo responsabilidades tanto a los organizadores y aquellos que incumplan la ley como al Gobierno si este hiciese dejación de sus funciones y no lo impidiera.
- Que condenamos las presiones y amenazas que están sufriendo los alcaldes cuya intención es dar cumplimiento a las resoluciones judiciales que prohíben el referéndum ilegal, así como la adhesión de otros alcaldes que han manifestado su negativa a cumplir dichas resoluciones. Igualmente, exigiremos que se actúe para que los alcaldes que mantengan su negativa a obedecer la legalidad vigente asuman su responsabilidad política y jurídica.
- Que en el momento actual es necesaria la unión de todos los partidos que estén del lado de la Constitución y la Ley, para lo que insta al Gobierno a promover una reunión de dichas fuerzas políticas. En este sentido, UPYD, por medio de su portavoz D. Cristiano Brown, se ha puesto a disposición del presidente del Gobierno para la celebración de dicha reunión.
- Que condenamos la actitud de los partidos que no se han manifestado de forma clara contra el referéndum ilegal, y en particular la de Podemos, algunos de cuyos líderes y cargos públicos están dando soporte a actos de promoción al propio referéndum y haciendo llamamientos a la desobediencia civil. Es intolerable que partidos como Podemos y su franquicia catalana, Units Podem, sumen sus fuerzas a las formaciones secesionistas para llevar a la sociedad española a un estadio pre-democrático en el que la ley, la política y el Estado de derecho sean sustituidos por las algaradas callejeras, las manifestaciones y asambleas paralelas ajenas a nuestro ordenamiento jurídico.
- Que ante el desafío que suponen los actos ilegales cometidos por los responsables de la Generalitat, no es suficiente la acción judicial, sino que hace falta una acción ejecutiva amparada por las vías legales previstas para ello. A tal fin UPYD propone:
- Amparar las acciones adoptadas hasta ahora, tales como la intervención de las cuentas de la Generalitat, en la aplicación del artículo 155 de la Constitución, siendo insuficiente el uso de la Ley de Estabilidad al no estar diseñada para el mismo fin.
- Utilizar la Ley de Seguridad Ciudadana para hacer efectiva la prohibición del referéndum, en al medida en que esta ley ampara el uso proporcional de la coacción en supuestos como el que se presenta.
- Ejecutar de forma subsidiaria cuantas acciones sea necesarias para impedir la celebración del referéndum, tal y como permite la legislación administrativa. A este efecto, asegurar la protección de los funcionarios que desobedezcan las órdenes emitidas por sus superiores si son contrarias a la ley y los pronunciamientos judiciales.
- Que manifestamos nuestro apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y condenamos las coacciones y amenazas que sufren en su deber de defensa de la legalidad y la Constitución.
- Que no existe vía intermedia entre el Estado de derecho y la ilegalidad, por lo que UPYD se opone a cualquier negociación que suponga que el nacionalismo y las instituciones catalanas que han decidido romper nuestro modelo de convivencia de manera unilateral saquen provecho de la fractura social que ellos mismos han provocado para obtener sus fines. El principio de igualdad entre todos los españoles, esencial en nuestra constitución, es inviolable.
