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Votaciones en el Instituto Marti i Franques de Tarragona en la consulta del 9N. EFE
La juez también ordena requisar todo el material relacionado con el 1-O.
Pide a la Fiscalía que cese en sus actuaciones y asumirá las próximas directrices.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha tomado hoy el control de las actuaciones para evitar el referéndum, hasta ahora promovidas por la Fiscalía, al ordenar a la policía que precinte los locales designados como centros de votación del 1-O e impida que se prepare la consulta en ellos.
En un auto, la magistrada del TSJC Mercedes Armas, que investiga las querellas de la Fiscalía contra el Govern por el referéndum suspendido por el Constitucional, ordena a los Mossos d’Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil que, de forma conjunta, impidan que se abran los locales del 1-O y requisen el material electoral que encuentren en los mismos.
Además, ha pedido a la Fiscalía que cese en sus «diligencias, actuaciones e instrucciones» sobre el referéndum, por lo que será ella quien asuma las próximas directrices relacionadas con el 1-O, tras semanas en que el ministerio público ha llevado la iniciativa de las medidas contra la consulta.
La magistrada adopta estas medidas ante la «clara inobservancia» por parte de los miembros del Govern de las decisiones del Tribunal Constitucional y también de las órdenes que dio de cerrar webs del Govern y que han sido «burladas» mediante la creación de nuevas páginas donde se disponen centros de voto y se afirma que la consulta va a celebrarse.
La decisión se ha producido el mismo día en que el mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha avisado de la dificultad de cerrar centros públicos en funcionamiento, como centros de salud o geriátricos, y se ha quejado de que fuera el fiscal, y no un juez, quien estuviera ordenando el cierre de los centros.
«Se impedirá su apertura, procediendo en su caso al cierre»
En su resolución, la juez manda a los cuerpos de seguridad que, de manera coordinada, impidan desde este miércoles hasta el domingo que estos locales de titularidad pública o en los que se presta algún servicio público se usen para la preparación de la consulta.
El auto de la juez indica que el día 1 de octubre «se impedirá su apertura, procediendo, en su caso, al cierre de todos aquellos que hubieran llegado a aperturarse» y que en caso de que las votaciones estén previstas en edificios con servicios públicos en funcionamiento ese día o en fechas anteriores solo se clausurarán las dependencias en las que se produzca la votación.
Otros centros públicos que manda cerrar son los que se usen como «infraestructura logística o de cálculo», como centros de procesamiento, de recepción, de recuento o de gestión de votos.
Todo ello lo deben realizar los tres cuerpos, destaca, «conjuntamente para la efectividad de lo ordenado» y para que se garantice el buen funcionamiento de esta actuación, la magistrada establece que las fuerzas de seguridad responderán al Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, dirigido por Diego Pérez de los Cobos. NAVARRA INFORMACIÓN/EFE
Pues ya lo tienen ahí . Ahora serán los jueces los que manden e igual son mas severos que la Fiscalía . ¡Alabado sea Dios !! Y si hay que llevar al ejercito se lleva y sin miramientos hacia estos traidores sediciosos.
Los directores de esos centros deben ser inhabilitados para cargo público igual que los miembros de los Consejos Escolares.
«Puigdemont consideraba que la investigación no debía llevarla la Fiscalía sino un juez, ya que le correspondía por competencia.» Pues ya lo tienes, una jueza te llevará a la cárcel.