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Rajoy apela a la ley tras pedirle Rufián sacar sus «sucias manos» de Cataluña

El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, ha apelado hoy a la ley y al Estado Derecho para justificar la primera detención de un alto cargo catalán por el referéndum del 1-O y ante la que el portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, le ha pedido sacar «sus sucias manos» de las instituciones catalanas.

 «Estaban avisados», ha recalcado Rajoy en declaraciones en los pasillos del Congreso y después del cruce de acusaciones en la sesión de control de la cámara en torno a las actitudes que están manteniendo el Gobierno y los independentistas.

Un intercambio de reproches que ha terminado con el abandono del pleno por parte de los diputados de ERC como muestra de rechazo a la detención esta mañana por la Guardia Civil del secretario general del departamento de Economía de la Generalitat, Josep Maria Jové Lladó, en el operativo contra el referéndum del 1 de octubre y que ha sido suspendido por el Tribunal Constitucional.

Rufián ha dicho que hoy se ha amanecido con la Guardia Civil frente a casas de «nuestros amigos» y con detenciones de cargos electos catalanes simplemente por sus ideas.

«Le pido y le exijo que saque sus sucias manos de las instituciones catalanas», ha señalado entre muestras de rechazo a sus palabras por parte de los diputados del PP.

Y ha proseguido: «Sepan tanto usted como sus lacayos que por cada uno que detenga hay cientos que están dispuestos también a hacerlo y respetar el mandato inequívocamente popular que tenemos detrás».

A renglón seguido y tras considerar que lo que existe ya en Cataluña es «una lucha por los derechos civiles», ha anunciado que los diputados de ERC iban a abandonar el pleno para ir a apoyar a sus «amigos».

Sí se han quedado, algunos de ellos ya en pie, para escuchar la respuesta de Rajoy, quien ha apelado al Estado de Derecho y ha explicado que la operación de la Guardia Civil se ha realizado por decisión judicial.

«Cualquier demócrata, no sé si usted lo es ni voy a entrar en el análisis -ha precisado-, tiene la obligación de (respetar) lo que diga uno de los tres poderes del Estado».

Ha insistido en que se trata de una operación judicial que se hace para garantizar que se cumple la ley y ha recalcado que todos los encargados de que así sea van a actuar en consecuencia.

Frente a las palabras de Rufián, le ha pedido que cesen las amenazas «de sus socios de la CUP y de otros» contra alcaldes, concejales, policías locales y personas que no piensan como ellos porque son «atentados contra los derechos individuales de las personas».

Rajoy se ha mostrado convencido de que el Gobierno está haciendo lo que tiene que hacer y cumpliendo con su obligación, y ha garantizado que lo seguirá haciendo «hasta el final».

«Estamos actuando con proporcionalidad después de las cosas que hemos visto en las últimas fechas en Cataluña, porque lo que han hecho ustedes y algunos otras fuerzas políticas es -ha advertido- de extrema gravedad y profundamente antidemocrático».

Tras la intervención de Rajoy es cuando los diputados de ERC han abandonado el pleno, momento en el que, según aseguran diputados de Podemos en las redes sociales, desde los escaños del PP se han escuchado voces instándoles a que no vuelvan.

Ya en los pasillos del Congreso, Rajoy, en declaraciones a los periodistas, ha insistido en que ante la actitud de los independentistas «lógicamente el Estado tiene que reaccionar».

«No hay ningún Estado democrático en el mundo que acepte lo que están planteando estas personas; estaban avisados, sabían que el referéndum no se podía celebrar porque es liquidar la soberanía nacional y el derecho que tienen todos los españoles a decidir lo que quieren que sea su país», ha subrayado.

Porque, en su opinión, «si en España no se cumple la ley lo que habrá será injusticia, arbitrariedad, y la ley del más fuerte, y eso sinceramente no lo podemos aceptar de ninguna de las maneras».

El jefe del Ejecutivo ha pedido «una rectificación» al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al que también ha instado a que «cumpla la ley» y dé «marcha atrás» a un reto independentista que ha calificado de «disparate que no conduce a parte alguna. EFE

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