La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, ofreciendo declaraciones a periodistas. EFE
Otro joven ha muerto en una protesta en el interior de Venezuela
Ex presidentes iberoamericanos exigen paralizar la Asamblea Constituyente.
El diputado chavista Pedro Carreño solicitó hoy al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la prohibición de salida de Venezuela de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, además de la congelación cautelar de sus bienes.
Las medidas cautelares forman parte de una petición presentada ante el TSJ para que inicie el proceso de destitución de la titular del Ministerio Público y determine si hay razones para llevarla a juicio, dijo Carreño a los periodistas desde la sede del máximo tribunal.
La legislación venezolana establece que la destitución de los integrantes del Consejo Moral Republicano (Fiscalía, Contraloría, Defensoría del pueblo) está en manos de la Asamblea Nacional, con el previo pronunciamiento de la Sala Plena del TSJ sobre una falta grave.
No obstante, el diputado no ha explicado cómo se completaría este proceso si se constatara la falta, ya que el Parlamento, en manos de opositores que ahora respaldan a la fiscal, está en desacato y sus actos son considerados nulos.
El chavismo ha emprendido esta medida después de que la fiscal solicitara la impugnación de la elección de 33 magistrados del Supremo por supuestos vicios en el proceso de elección cometidos por el Consejo Moral Republicano, instancia del Poder Ciudadano, del que ella forma parte, y en coordinación con el Parlamento.
Entre los elementos existentes para llevar a juicio a un miembro del Consejo Moral Republicano, el diputado ha citado que la fiscal con sus actuaciones «hace activismo político», «trató de dañar» al Poder Ciudadano y ha desconocido decisiones del máximo tribunal, «y ahí hay mérito para enjuiciarla», ha considerado.
Estas acciones fueron cometidas por Ortega Díaz, según Carreño, cuando esta decidió actuar en contra de los magistrados.
Esta es la segunda acción que emprende Carreño sobre la fiscal, hasta hace poco vinculada con el chavismo y para quien ha pedido antes que se conforme una junta médica para evaluar su conducta por «insania mental».
Las diferencias entre el sector gubernamental y la fiscal surgieron después de que ella calificara a finales de marzo como una «ruptura del orden constitucional» la decisión del Supremo de arrogarse las funciones del Parlamento, una medida que debió ser revertida parcialmente poco después.
Muere otro joven en una protesta en el interior de Venezuela
Mientras, el alcalde de la ciudad venezolana de Barquisimeto, el opositor Alfredo Ramos, ha informado este viernes de la muerte de Nelson Arévalo, un joven de 23 años, en una protesta contra el Gobierno en esa localidad, capital del estado Lara (centro oeste).
«Asesinos de la dictadura le quitan la vida a Nelson Arévalo, joven de 23 años asesinado en Club Hípico Las Trinitarias en Barquisimeto», ha asegurado Ramos sin proporcionar más detalles a través de su cuenta en la red social Twitter.
La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha difundido varios mensajes en las redes sociales para denunciar este hecho y responsabilizar del mismo al Gobierno de Nicolás Maduro. NAVARRA INFORMACIÓN /EFE
