La delegada del Gobierno en Madrid, imputada por un delito societario en Mercamadrid. EFE
Se investigan arrendamientos suscritos por Mercamadrid en 2013. El Ayuntamiento denuncia un daño patrimonial de 11 millones de euros para la empresa pública
Dancausa dice que la denuncia es infundada y cuestiona la investigación.
Un Juzgado ha incoado diligencias previas para investigar por delito societario a 16 exmiembros del Consejo de Administración de Mercamadrid, entre ellos la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, y Pablo González, hermano del expresidente de la Comunidad madrileña, Ignacio González.
Se trata de un auto del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que les da traslado de la denuncia formulada contra ellos por la Fiscalía y les advierte de que figuran como investigados (imputados), y que además ofrece acciones a los posibles perjudicados de Mercamadrid, informa el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Las diligencias se abren respecto a Concepción Dancausa, Pablo González -hermano de Ignacio González, en prisión provisional por otra causa de corrupción, el caso Lezo-, José Manuel Torrecilla Jiménez, María Jesús Prieto Jiménez, María Dolores Flores Cerdán, Manuel Beltrán Pedreira, José Antonio Crespo Albelda, Pablo del Amo Serrano, Silvia Llerena Muñoz.
Además, Marta Fernández-Pirla Martínez, José Enrique Núñez Guijarro, José Ignacio Ortega Chacón, Manuel Troitiño Pelaz, Fernando Gomar Sánchez, Juan María López Álvarez y José Domingo Rodríguez Losasa, todos los cuales integraban en 2013 el Consejo de Administración de la empresa pública Mercamadrid.
Daño patrimonial de 11 millones, según el Ayuntamiento
La Fiscalía Provincial de Madrid presentó el pasado 25 de abril una denuncia contra los integrantes del Consejo de Administración de Mercamadrid en 2013, entre ellos Dancausa, en aquel entonces concejala de la exalcaldesa Ana Botella.
Fue el gobierno municipal del Ayuntamiento de Madid quien llevó a la Fiscalía en enero de 2016 un informe que hablaba de «mala gestión» y presuntas «prácticas irregulares» encontradas en esta sociedad mixta con participación mayoritaria del Ayuntamiento
La denuncia pedía que se tomara declaración en calidad de investigados a estas personas por los acuerdos de transacción y contratos de arrendamiento suscritos por Mercamadrid con la empresa Merca Ocio 22 S.L.
Mercamadrid asumió el pago del alquiler de unas naves a Merca Ocio durante 20 años para evitar un litigio judicial por impago, un acuerdo que habría supuesto un «importante perjuicio patrimonial» para la primera, «a la vez que un enriquecimiento ilícito para Mercaocio», al firmar la empresa pública un acuerdo extrajudicial «lesivo» que le costó 623.000 euros al año. En total, el gobierno de Carmena calcula que el daño patrimonial para Mercamadrid «puede superar los 11 millones» de euros.
Dancausa defiende que actuó según los informes
Tras conocerse su imputación, Concepción Dancausa ha dicho estar «absolutamente tranquila» ante la investigación de la que es objeto, ya que afirma que las decisiones que están en cuestión se adoptaron de acuerdo a informes.
«Me acabo de enterar», ha dicho la delegada del Ejecutivo en Madrid, que ha conocido la decisión judicial en un acto con la Policía, y ha dicho no haber recibido aún ninguna notificación. En cualquier caso, ha afirmado que «entra dentro de la normalidad que un juez quiera investigar la denuncia de un fiscal».
Además, la delegada del Gobierno ha emitido un comunicado en el que señala que el juzgado no le imputa todavía ningún delito y que «lo único» que ha hecho es «admitir a trámite una denuncia de la Fiscalía Provincial de Madrid», por lo que todavía no se la está imputando ningún delito.
Dancausa también considera «lamentable» que «tras dieciséis meses de supuesta investigación a raíz de una denuncia instigada por Podemos, la Fiscalía no haya hecho las mínimas comprobaciones que le habría permitido ver que aquí no existe ninguna irregularidad, no ya penal, sino tampoco civil».
Ha añadido que este miércoles mismo había presentado «un escrito de alegaciones al que se adjunta toda la documentación que demuestra que la denuncia es infundada, porque, sorprendentemente, omite hechos esenciales».
La delegada explica, respecto a la operación de 2013 que se investiga, que «Mercamadrid arrendó los locales a Merca Ocio porque era la mejor manera de poner fin a un litigio de resultado incierto, de recuperar unos cánones impagados, y, sobre todo, porque Mercasa se comprometió a subarrendar esas mismas naves por el mismo precio, por lo que la operación era beneficiosa para Mercamadrid».
«La decisión se adoptó siguiendo el procedimiento establecido y con todos los informes favorables», ha continuado la delegada, quien ha concluido que «tan pronto como la denuncia se archive», analizará «el ejercicio de todas las acciones legales que me asisten en Derecho para resarcirme del daño reputacional y moral que este denuncia pueda causarme». NAVARRA INFORMACIÓN/EFE
