El rescate bancario cuesta ya 60.718 millones, según el Tribunal de Cuentas

Bankia, el Banco de España y la CAM.

Catalunya Caixa, Bankia y la CAM, los grandes ‘agujeros’ del rescate bancario

El acumulado de los recursos públicos empleados en el proceso de reestructuración bancaria se situaba a cierre de 2015 en 60.718 millones de euros, según el Tribunal de Cuentas, cifra que no puede considerarse definitiva porque el Estado sigue siendo aún el principal accionista de Bankia y BMN.

Estas ventas futuras de las participaciones en las entidades nacionalizadas, unidas a la evolución de las garantías otorgadas en la venta de otras entidades, «pueden provocar un incremento o una disminución del citado importe», insiste el Tribunal de Cuentas.

El Tribunal de Cuentas no da aún por perdido todo ese dinero, aunque sí da a entender que no se podrá recuperar en su totalidad. «La estimación del coste del proceso de reestructuración no puede considerarse definitiva, en tanto que no se encuentren finalizados todos los procesos de restructuración (…) debe tenerse en cuenta el hecho de que ciertas operaciones realizadas con posterioridad a esa fecha, como la venta de acciones de entidades en las que el Frob aún participaba al 31 de diciembre de 2015, pueden provocar un incremento o una disminución del citado importe».

Con independencia del coste final, el esfuerzo del Estado ha sido considerable ya que los recursos públicos comprometidos, en los que se incluyen las ayudas directas y los avales, ascendieron a 122.122 millones de euros«, sostiene el órgano fiscalizador.

Además, «al margen de ese importe, la Administración General del Estado otorgó avales a las entidades de crédito relacionadas con los procesos de reestructuración o resolución, por un importe máximo de 85.965 millones de euros, ascendiendo el saldo vivo de la única emisión no amortizada hasta la fecha a 1.059 millones». No solo eso, «además, el saldo vivo a 31 de diciembre de 2015 de las emisiones de deuda senior de la sociedad Sareb, que ascendía a 43.476 millones de euros, está avalado por el Estado».

El informe critica la actuación del Frob, que presidieron en este periodo Javier Ariztegui yFernando Restoy, en algunos aspectos. Por ejemplo, «no determinó los criterios financieros, fiscales y de oportunidad que debían aplicarse para valorar, ordenar y seleccionar cada uno de los instrumentos de apoyo financiero que cabría adoptar en cada proceso, especialmente en los de resolución y venta de entidades». Además, hizo encargos de informes «innecesarios» y contrató una línea de crédito que no llegó a utilizarse con un coste de 33 millones. NAVARRA INFORMACIÓN /EFE