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La Comisión de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local ha aprobado hoy el dictamen en relación con el proyecto de Ley Foral regulador del Plan de Inversiones Locales (PIL) 2017-2019
En el transcurso del debate efectuado en Comisión se han discutido 60 enmiendas, 18 de ellas in voce, de las cuales han prosperado 24, 17 suscritas por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra. El respaldo de UPN, PSN y PPN a todo este conjunto de enmiendas ha resultado insuficiente ante la oposición de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E, que han defendido la validez del proyecto.
Tras su aprobación en Comisión, el dictamen correspondiente al proyecto de Ley Foral regulador del Plan de Inversiones Locales 2017-2019 será elevado a Pleno para su definitivo debate y votación.
A la sesión, presidida por Luis Zarraluqui (G.P. UPN), han asistido Carmen Segura, Luis Casado, Begoña Ganuza (UPN), Unai Hualde, Patxi Leuza, Rafael Eraso (Geroa Bai), Adolfo Araiz, Dabid Anaut (EH Bildu), Rubén Velasco, Tere Sáez (Podemos-Ahal Dugu), Santos Cerdán, Inma Jurío (PSN), Javier García (PPN) y Marisa de Simón (Izquierda-Ezkerra)
Con cargo al Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los Tributos de Navarra por transferencias corrientes, cuenta con una dotación de 100 millones, 40 a distribuir el primer año, 20 el segundo y otros 40 el tercero.
El Fondo de Haciendas Locales es el sistema mediante el cual el Gobierno de Navarra financia a los ayuntamientos y concejos sus gastos corrientes (personal, oficinas, suministros…). Las inversiones (implantación, mejora y renovación de infraestructuras y dotaciones), por su parte, son cofinanciadas a través del Plan de Inversiones Locales, sucesivamente prorrogado desde que el Parlamento validara, por última vez el 22 de diciembre de 2015, el correspondiente al período 2009-12.
El Plan de Inversiones Locales regulado por la presente Ley, con la que se pretende una tramitación “ágil y rigurosa” (se precisan tres informes favorables, técnico, jurídico y económico), se configura en tres apartados: Programa de Inversiones, Programación Local y Libre Determinación.
Texto
Al apartado de Programa de inversiones se le asignan 34 millones, para abastecimiento de agua en alta (20,4 millones), tratamiento de residuos urbanos (9,5) e infraestructuras pasivas destinadas al despliegue de redes de acceso de banda ancha de nueva generación (4 millones).
Al capítulo de Programación Local, se asignan 43 millones, se fundamenta en una clasificación en función del grado de necesidad de la inversión requerida. Se introducen principios de “interés social”, a fin de “favorecer la adaptación de infraestructuras y dotaciones a las necesidades de las personas acogidas a la legislación sobre dependencia, discapacidad o problemas de movilidad, así como del alumnado de enseñanza obligatoria”.
No se incluirán obras de renovación o reparación de infraestructuras con menos de 15 años de antigüedad, salvo que se trate de dotaciones municipales, “cuando sea preciso adaptarlas a la normativa en vigor”, o construcciones relativamente recientes, para su adecuación a personas con discapacidad. A dicha previsión, auspiciada vía enmienda por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E, se ha sumado el PSN, no así UPN y PPN, que se han posicionado en contra.
Asimismo, se ha introducido una nueva línea de inversión, por valor de 1,2 millones (0,6 el primer año, 0,4 en 2018 y 0,2 en 2019) para la urbanización de parcelas de uso sanitario o docente, subvencionables al 70% (con derecho a deducción del IVA) o al (85% (sin devengo del IVA). La aportación económica máxima no podrá exceder de 100.000 euros por entidad local. Las enmiendas que lo han hecho posible han sido suscritas por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E y han contado con el aval de PSN, salvo en lo tocante a la cantidad global consignada y al tope subvencionable.
Se prevé financiación para redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales (11,26 millones), pavimentación de calles con redes (13,54) y sin redes (1,6), alumbrado público (5), mejora y adaptación de edificios públicos (6,6) y arreglo de caminos a núcleos habitados (5 millones).
Se podrá reservar hasta un 5% de la cuantía total estipulada a la atención de solicitudes calificadas de emergencia (incluidas sus inversiones complementarias) o a inversiones que precisen de financiación en régimen excepcional.
En ese sentido y a propuesta de UPN, se ha resuelto calificar de emergencia todo alumbrado público y todas las redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales con riesgo o problema sanitario grave, debiéndose proceder en ambos casos “de manera inmediata”.
Y también en relación al Programa de Inversiones y de Programación Local, la Comisión ha decidido por unanimidad subir del 40% al 50% el abono vinculado al inicio de la obra, dejando el 20% para la mitad y el resto al finalizar los trabajos.
Por otra parte, los ayuntamientos y concejos con remanentes negativos deberán destinar las cantidades percibidas en concepto de Libre Determinación a financiar el saldo negativo del ejercicio anterior.
El G.P. UPN ha planteado sin éxito elevar la dotación del Plan de Inversiones Locales a 175 millones, dando cabida a los “25 millones no ejecutados del anterior PIL 2009-12” y reduciendo a dos años su período de vigencia, de modo que “se ejecute el 60% de la asignación en 2017 y el 40% restante en 2018”.
UPN ha censurado los criterios de distribución de las aportaciones de Libre Determinación y ha sugerido un reparto alternativo (suponía 6 millones más) tendente a primar a los pueblos de menos de 3.000 habitantes, conforme al último informe del Instituto de Estadística de Navarra sobre la población de los municipios de Navarra.
Tampoco ha prosperado el planteamiento del G.P. PSN, que ha solicitado incrementar la asignación del PIL a 140 millones, reservando para el último ejercicio el 20% de lo adscrito (28 millones) y repartiendo el resto a partes iguales entre 2017 y 2018. También ha decaído su pretensión de aumentar del 23% al 40% la cuantía destinada a partidas de Libre Determinación, “las más esperadas por las Entidades Locales, que son las que mejor saben a qué destinar las subvenciones”.
En la misma línea, la A.P.F. PPN ha defendido la necesidad de consignar un fondo de 150 millones, el 30% para repartir en 2017, el 50% en 2018 y el resto en 2019. También ha propugnado un aumento del peso de la Libre Determinación hasta el 30%.
UPN, PSN y PPN han mostrado su disconformidad con la partida de inversión correspondiente a la banda ancha, al considerar que se trata de una obligación que corresponde al Gobierno de Navarra, que de esta manera “carga el 20% del coste de su implantación a las entidades locales”.
