La preocupación por la corrupción protagoniza la apertura del Año Judicial

El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, han coincidido en manifestar hoy su preocupación por la corrupción en nuestro país en los discursos que han pronunciado ante el Rey dentro del Acto de Apertura del Año Judicial.

La ceremonia se ha celebrado esta mañana bajo la presidencia del Rey Felipe VI en la sede del Supremo y en presencia de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, y multitud de magistrados, fiscales o miembros de la sociedad civil.

En su discurso Lesmes ha defendido la independencia de los jueces en su lucha contra la corrupción, que afecta, ha dicho, «a muy diversos responsables públicos e instituciones», y ha pedido estrategias de regeneración y prevención de la gestión pública.

En ese contexto, ha rechazado las afirmaciones sobre politización de la Justicia «reiteradas durante años por opinadores de todo tipo y que se vinculan al modelo de gobierno judicial», es decir, al modelo actual de Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de los jueces que él preside.

«A los jueces nos duele escuchar que esa justicia en la que creemos y por la que trabajamos, no es independiente, que está politizada, que son los partidos políticos los que dirigen la acción de los jueces», ha dicho.

La corrupción «ha encontrado en la Justicia española la más eficaz y contundente respuesta, desde la rabiosa independencia de nuestros jueces, desde el nuevo juez de instrucción a los que sirven en este Tribunal Supremo, jueces que no admiten injerencias ni presiones de ningún tipo y que no tienen más señor que la propia ley», ha añadido.

Sin embargo, ha aludido a la carga de trabajo «difícilmente digerible» para algunos jueces debido, entre otras causas, a su «distribución irracional» y a la «exigua media de 12 jueces por cada 100.000 habitantes».

Por su lado, Madrigal también ha manifestado su preocupación por la corrupción, un fenómeno que «condiciona la investigación y el enjuiciamiento» porque no se produce solo en la administración, sino que alcanza al sector financiero, mercados, empresas y consumidores.

Además, ha alertado de que las redes criminales internacionales ven en la corrupción política o administrativa una fuente de beneficios que pretenden acaparar y ha recordado que la corrupción afecta tanto al sector público como al privado.

Ha considerado urgente la trasposición de las directivas europeas sobre contratación pública y la adopción de un nuevo y completo marco procesal penal que se aborde desde «un imprescindible pacto de estado».

Madrigal se ha referido también al «total desprecio al ordenamiento constitucional» que se plantea desde algunos sectores independentistas catalanes.

«En un escenario político y social incierto como el que vivimos, y ante el desafío al Estado de Derecho que con total desprecio al ordenamiento constitucional se plantea desde sectores independentistas, conviene mantener la integridad de la conciencia intelectual, tal como ha hecho el Constitucional en la sentencia de 2 de diciembre de 2015», ha señalado la fiscal general.

Dicha sentencia anula por unanimidad la resolución independentista del Parlament de Cataluña porque, como ha dicho la fiscal general, la construcción del Estado de Derecho «nunca puede producirse al margen de la ley y los procedimientos legales establecidos».

«Algunos invocan la democracia y la libertad para proponer el incumplimiento de las leyes y la desatención a las libertades de todos que son la esencia misma de la democracia», ha añadido.

La ceremonia de hoy ha dado inicio formalmente a un nuevo curso judicial que arrancará este otoño con dos de los juicios más esperados de los últimos años, Gürtel y las tarjetas «black». También desfilarán ante el juez Rodrigo Rato, una veintena de exconsejeros de Bancaja y el exconseller catalán Francesc Homs. EFE/NAVARRA INFORMACIÓN