La sanción por no cumplir con el objetivo de déficit y situarlo por debajo del 3% del PIB puede ir de 0 a casi 2.200 millones o incluso ser cancelada
El Gobierno español y la Comisión Europea negocian aún la multa y la nueva senda fiscal que tendrá que cumplir España para corregir definitivamente el déficit excesivo y situarlo por debajo del 3% del PIB, con la posibilidad de un margen de dos años extra, hasta 2018, indicaron fuentes comunitarias. El colegio de comisarios decidirá el próximo miércoles la multa a España por no haber tomado medidas eficaces para cumplir con sus objetivos de reducción del déficit, tal y como ratificaron el pasado día 12 los ministros de Economía y Finanzas, una sanción que puede ir de cero a casi 2.200 millones de euros o incluso ser cancelada.
Tras un primer debate este miércoles, los comisarios no han tomado una decisión aún sobre la multa y la nueva senda fiscal, que se espera en principio también para el miércoles. En el colegio “no hay ningún consenso todavía sobre una cifra concreta o un escenario definido a favor de una senda fiscal u otra”, señalaron fuentes comunitarias.
El trabajo técnico continúa entre los servicios de la CE y el Gobierno español, que presentó un día después del Consejo de Ministros de Economía sus alegaciones razonadas para evitar la multa, en las que hablaba del compromiso “firme e inequívoco” de España para situar el déficit por debajo del 3 % del PIB en 2017.
En el colegio de comisarios hay no obstante “personas que defienden que haya dos años extra”, es decir hasta 2018, según las fuentes consultadas, en concreto el comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici.
En mayo la CE había puesto sobre la mesa en sus recomendaciones por país para España un año adicional y delineado una senda fiscal que obligaba al país bajar el déficit del 5,1 % (con la ayuda a la banca) al 3,7 % en 2016 y al 2,5 % en 2017.
Esa recomendación se quedó en papel mojado al insistir el Consejo en que no podía decidir sobre la nueva senda de consolidación sin adoptar en paralelo la decisión sobre la falta de medidas tomadas por España, que supone redefinir los objetivos y el margen.
El ministro español de Economía y Competitividad en funciones, Luis de Guindos, podrá aprovechar su participación en la reunión de los titulares de Finanzas y de los gobernadoresde los bancos centrales del G20 que se celebra hoy y mañana en Chengdu (Sichuan, oeste) para abordar con Moscovici la multa y los nuevos objetivos.
El argumento de la dificultad de que el país pueda rebajar en un año el déficit por debajo del 3 % del PIB cuando todavía no se ha formado Gobierno puede inclinar la balanza a favor de los dos años. En el documento que sirvió para determinar que España no ha tomado medidas, la CE preveía además que España tampoco cumpla en 2017, dado que sitúa el déficit en el 3,1 % para esa fecha.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha advertido por su parte que el déficit podría dispararse hasta el 4,7 % del PIB en 2016, sin medidas como el aumento del pago fraccionado del Impuesto de Sociedades anunciado por el Gobierno ante Bruselas, y ha situado el desvío en el 4,1 % en su mejor pronóstico.
En cualquier caso, las fuentes comunitarias insisten en que “la situación es muy fluida” y que no se puede adelantar aún cuál será la decisión final del colegio de comisarios.
Lo que la CE no decidirá aún el próximo miércoles es la suspensión de hasta el 0,5 % del PIB o el 50 % de los compromisos de los fondos estructurales y de inversión europeos, ya que no tiene un calendario preestablecido como sí lo tiene para la multa: 20 días a contar a partir del 12 de julio.
La suspensión, que tomaría efecto a partir del 1 de enero de 2017, debe “consultarse” con el Parlamento Europeo, con “vistas a hacer una propuesta equilibrada”, según escribió el vicepresidente de la CE para el Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad, Jyrki Katainen, al presidente de la Eurocámara, Martin Schulz.
Éste a su vez ha propuesto que este diálogo estructurado se celebre después del receso del verano, cuando se espera que haya un nuevo Gobierno en España, que deberá elaborar a toda prisa los presupuestos generales del Estado para 2017, cuyo borrador debe ser entregado a la CE como tarde el 15 de octubre. EFE/NAVARRA INFORMACIÓN
