Una bandera británica (d) ondea al lado del resto de banderas europeas colocadas delante de la sede del Consejo Europeo en Estrasburgo, Francia. EFE
El «brexit» obligará a la UE y al Reino Unido a elegir entre diferentes modelos para relacionarse en el futuro en el plano económico y comercial, pero también genera dudas respecto al presupuesto comunitario, las ayudas ya programadas y el destino de grandes proyectos de transporte e infraestructura.
La retirada de la UE generará no solo grandes quebraderos de cabeza jurídicos a las empresas, que se encuentran ante un largo periodo de incertidumbre que puede durar desde dos años a una década y que les dificultará tomar decisiones de inversión.
Londres por su parte tendrá que redactar a toda prisa nuevas legislaciones que cubran la agricultura y la pesca, la competencia, las ayudas regionales y otras muchas áreas para evitar un vacío legal una vez deje de aplicar las leyes comunitarias.
El sucesor del primer ministro británico, David Cameron, que dejará su cargo en octubre, se encontrará con la difícil decisión de elegir entre diferentes opciones alternativas a la hora de diseñar las futuras relaciones económicas con la UE.
Uno de los grandes dilemas del Reino Unido será decidir si quiere seguir teniendo acceso al mercado único, en el que las personas, los bienes, los servicios y los capitales pueden circular libremente.
Jean-Claude Piris, uno de los juristas del Tratado de Lisboa, ha escrito en un informe que el Reino Unido podría ser miembro del Espacio Económico Europeo como Noruega; miembro de la Asociación Europea de Libre Comercio como Suiza; adoptar el modelo suizo y negociar acuerdos bilaterales; el modelo turco de Unión Aduanera; cerrar un acuerdo comercial con la Unión; o apoyarse simplemente en las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
La primera opción requeriría al Reino Unido aceptar reglas que el pueblo británico ha rechazado con su voto a favor del «brexit», como pagar a la UE una contribución financiera, aceptar el libre movimiento de trabajadores y las legislaciones comunitarias específicas del mercado interior.
«Muchas de estas opciones no son concebibles por razones políticas o económicas. Creo que es inconcebible que el Reino Unido acepte adherirse al Espacio Económico Europeo», dijo Piris a Efe.
Este experto en Derecho europeo ve más viable un acuerdo al estilo canadiense, el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) cerrado entre Ottawa y la UE y que eliminará los aranceles del 99 % de los productos que se intercambian.
Piris propone en cualquier caso «un acuerdo comercial de urgencia» con el Reino Unido para establecer un marco en cuanto a seguridad jurídica, aranceles e inversiones, entre otros elementos.
El dilema es mayor. El Gobierno británico calcula, según datos de la Comisión Europea (CE), que el mercado interior le aporta entre 31.000 y 92.000 millones de libras al año a la economía, lo que supone entre 5 y 15 veces su contribución neta al presupuesto de la UE.
Según datos del Parlamento británico, el Reino Unido ha contribuido en 2015 con unos 12.900 millones de libras al presupuesto de la UE, una vez se deduce el «cheque británico» (una devolución anual de su contribución a las arcas comunitarias).
También recibió unos 4.400 millones de libras del Fondo Europeo Agrícola de Garantía, del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo Social Europeo, entre otras ayudas, con lo que la contribución neta se situó en 8.500 millones de libras.
El Reino Unido no solo perderá estas ayudas vitales para muchos sectores del país, sino también otras como las destinadas a la investigación científica: es el país que más fondos recibe después de Alemania y muchos científicos temen por sus proyectos.
La UE perderá a un contribuyente neto y los demás países tendrán que aportar la diferencia si no quieren mermar aún más las cuentas comunitarias en medio de múltiples crisis y retos geopolíticos.
El Reino Unido tendrá que aportar hasta 2020, el fin del actual presupuesto plurianual anualmente entre 7.300 millones de libra y 11.200 millones, y mientras siga siendo miembro de la UE tendrá que seguir pagando su contribución.
La CE deberá presentar antes del 1 de enero de 2018 una propuesta para las cuentas de los siguientes siete años, y como las negociaciones durarán al menos dos años, hasta el fin del presupuesto plurianual no habría un impacto en las cuentas.
Pero el «brexit» también genera incertidumbre sobre el futuro de grandes iniciativas comunitarias donde el Reino Unido ejerce un papel, como el Cielo Único Europeo o la finalización de proyectos de transporte e infraestructuras como el Corredor Mar del Norte-Mediterráneo.
