Antonio Checa Pérez
Coincidiendo con la llegada del PP al gobierno a finales de 2011, el ya disminuido sector carbonífero español estuvo muy agitado motivado por el recorte presupuestario en 2012 a su actividad y entorno por parte de aquel, basado en la situación económica, pero que los sindicatos no aceptan, en base a un Plan firmado cuyo final coincidía con tal año.
Ese Plan denominado «Plan Nacional de Reserva Estratégica del carbón 2006-2012, y nuevo modelo de desarrollo integral y sostenible de las Comarcas mineras» explicita, de forma exhaustiva, todo lo indicado en su Título.
Además, el sector se rige por la Decisión Comunitaria del Consejo de 10.12.10 (210/787/UE), relativa a las «Ayudas destinas a facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas».
Ya opiné entonces respecto del error político gubernamental pues, aún con algún recorte dada la situación económica actual, debería haber respetado un acuerdo durante los pocos meses que quedaban, y comenzar a negociar un nuevo Plan para al menos, 2013-2016.
Y lo opinaba en consonancia, a su vez, con la antes citada Decisión Comunitaria sobre ayudas «para el cierre de minas no competitivas» que, en todo caso, expiraba en 2018; aunque, en honor a la verdad, fue también aprobada por el entonces Ministro socialista Sebastián el cual, sin negociación nacional alguna, envió a la Comisión Europea (CE) los diferentes Planes de las minas españolas, muchas con fecha de cierre en 2016, adelantada a la Decisión Comunitaria.
FONDOS MINEROS.
Y, respecto a la ingente cantidad de Fondos Mineros, tanto en sus diferentes versiones o nominaciones como en sus aspectos cuantitativos y cualitativos, pregunté con firmeza y exigencia minera, sobre la creación de puestos de trabajo estables en las Comarcas Mineras, objeto único, exclusivo y finalista de aquellos, durante más de veinte años, lo cual pareció «no agradar» en algún caso y, de hecho, no sólo no se ha dado una respuesta sino que, además, parece haber vetos en algún medio público a permitir insistir en ello, muy inadecuado a la democracia, a la libertad de expresión y a la pluralidad.
Creo que es una cuestión muy importante porque reconversiones se hicieron en toda la Unión Europea (UE) y son conocidas en el Principado, tanto por la Administración como por sus agentes políticos, económicos y sociales que visitaron (yo también en mi condición de representante de HUNOSA ante la UE) las diferentes zonas carboníferas (entre otras, Nord-Pas-Calais en Francia, Limburgo en Bélgica, Barnsley en Gran Bretaña, Ruhr en Alemania,…), pero que en Asturias no parece que se adaptaran y aplicaran esos conocimientos con rigor y eficacia.
Y ello, a pesar de la inestimable actuación y apoyo de ACOM (Asociación para las Comarcas Mineras), creación original española para toda la Europa comunitaria y presidida muchos años por una Eurodiputada socialista asturiana.
Y lo anterior hubiese sido vital, pues creando con esos multimillonarios Fondos unos largos centenares de puestos de trabajo, nuestras queridas Comarcas Mineras hubiesen afrontado en una mejor situación la siempre compleja reestructuración y reconversión carbonífera, similar al resto de la UE.
Tal vez el Parlamento asturiano, su Junta General, tome interés por este asunto y cree una Comisión al respecto, porque los Fondos están directa e íntimamente ligados a la «res pública».
UNOS AÑOS ANTES.
Cuando a finales de los años 80 del pasado siglo, el entonces ministro Solchaga propuso el cierre de las explotaciones de carbón, al menos en su versión pública como HUNOSA, ofertando una cantidad millonaria entonces en pesetas que, aparte de las dudas en percibir tal cantidad (como había ocurrido en Gran Bretaña), esa propuesta no agradó a los agentes antes citados, ni a los habitantes de las Cuencas, ni a gran parte de la sociedad asturiana, dando origen a una gran protesta que se simbolizó con el encierro en el Pozo Barredo de Mieres de las ejecutivas de los sindicatos mineros asturianos, SOMA y CCOO, con sus Secretarios generales al frente y en período navideño lo cual, además del aspecto familiar he de significar la crudeza climatológica y otras privaciones que tuvieron que soportar, como bien saben quienes conocemos la mina.
Entonces HUNOSA contaba con unos 30000 mineros que, además de otros 3 trabajadores indirectos e inducidos por cada uno directo, suponía que las Cuencas vivían casi en exclusiva del sector minero, muy extensivo en mano de obra, y aún en el dudoso supuesto de recibir el dinero ofertado, pasaría mucho tiempo antes de reconvertir las citadas Cuencas, lo cual las abocaba a un paro enorme durante un largo período, en el mejor de los casos.
Al final, y fruto de serias negociaciones, se llegó a una solución ecléctica, acordándose la elaboración de Planes plurianuales en los que se irían reduciendo plantilla y producción junto a una selección del yacimiento para facilitar la mecanización, la mejora de la calidad del carbón y la disminución de los costes, así como inversiones en seguridad, I+D,..
Ciertamente los costes entonces eran muy elevados, de unas 40000 pesetas/Tm (240 euros), frente al carbón importado de fácil suministro por su abundancia geográfica y que, además de su mejor calidad, podía descargarse en el Puerto gijonés del Musel a unas 4000 Pesetas/Tm (24 euros/fletes incluidos), es decir, 10 veces menos que el autóctono.
Y este modelo, que comenzó con el Plan trienal 1991-1993, se ha venido aplicando hasta hoy disfrutando de una «paz social» desconocida hasta entonces, quedando HUNOSA reducida hoy a unos 1500 trabajadores, es decir, todos (Administración y trabajadores) se han esforzado en garantizar los planes acordados reduciendo, asimismo, los costes totales.
Pero, como dije, la aplicación inadecuada e ineficiente de los Fondos mineros ha impedido los efectos beneficiosos de la Reconversión durante más de veinte años, lo cual un gran problema actualmente.
CONCLUSIONES.
El problema es que el carbón autóctono no se consume y se «apila» en montañas (que ahora «merman» o desaparecen), de tal forma que las eléctricas no lo quemarán si no reciben nuevas ayudas recogidas en un Real Decreto, es decir, el carbón es un sector intervenido para satisfacción de algunos, y por el que los ciudadanos pagamos dos veces, una como contribuyentes (ayudas a la producción de los Planes), y otra como consumidores eléctricos.
Propondría, por tanto que, en el horizonte comunitario de 2018, se conformase un «marco» en el que los productores (empresas) y los consumidores (eléctricas) negociaran las condiciones de su dependencia mutua, condicionando la Administración que esa negociación pueda realizarse en condiciones equiparables.
Aunque la Decisión 2010 prohíbe las «ayudas al funcionamiento» a partir del 2018, el artículo 194 del TFUE así como las directivas del mercado interior de la electricidad (o sea, no estamos en producción sino en consumo), permiten que España introduzca OSP (Obligaciones de Servicio Público) a las Centrales térmicas para que quemen, prioritariamente, carbón autóctono y, además, con ciertas condiciones, una de las cuales podría ser que este carbón se pague a un precio algo superior al de importación.
Los mercados «perfectos» no existen, y una adecuada «actuación» gubernamental puede actuar de catalizador (un sobreprecio del carbón como indicamos, u otras) y, si lo hace bien, podría incluso no ser considerada como ayuda de Estado aplicable a la OSP, si se respetan ciertas condiciones,
Datos disponibles indican que, con esa colaboración estatal, es factible que una parte del sector pueda continuar después de 2018.
En todo caso, y en línea con lo anterior, se podría fijar un límite de trabajadores/toneladas para «Seguridad de abastecimiento autóctono», compatibles con las normas comunitarias y que los técnicos podrían determinar en función de diversos parámetros y expectativas (reservas, mix energético, evolución, aspectos sociales y comarcales,…).
Y respecto a los Fondos mineros para reconversión, tan fundamentales, se podían buscar fórmulas de ayudas a corto y medio plazo, desinversiones actuales,…sin que en ningún momento se retrasen los pagos tanto de estos Fondos como del resto de las ayudas, así como un adecuado plan de prejubilaciones.
Como me indica un joven asturiano, «debe exigirse más control y rigor sobre el destino de esos Fondos y su aplicación a políticas concretas de empleo: ya se ha perdido una generación entera de asturianos que trabajamos fuera,…y esperemos que el tema no vaya a más»
Y aún siendo consciente de la delicada situación económica que atravesamos, y por tanto de los recursos escasos de la Administración, quiero dejar constancia del mayor apoyo, afecto, respeto y reconocimiento a la gran familia minera a la que me siento muy orgulloso de pertenecer y con la que compartí durante muchos años sus vivencias, no sólo profesionales, sino también políticas, sindicales y aún personales.
No niego que el tema es complejo, pero es preferible acuerdos antes de confrontar con decisiones drásticas, tanto por unos como por otros.
Creo que unas buenas negociaciones pueden propiciar un omega o final pactado de las explotaciones carboníferas, cuyo pasado e inicio, su alfa, fue tan brillante y colaboró a la mayor expansión industrial conocida.
Antonio Checa Pérez, Ingeniero de Minas y Economista, ex Consejero Economía y Hacienda del Principado
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