Juan Fernández Calderín, muestra una foto de Gregorio Ordoñez durante su comparecencia ante la Comisión de Relaciones Ciudadanas e Institucionales del Parlamento foral, en la que han presentado un estudio sobre los crímenes de ETA que aún no se han resuelto. EFE
El Colectivo Víctimas del Terrorismo (Covite) ha denunciado en el Parlamento de Navarra que más de 300 crímenes de ETA en el conjunto del país siguen sin esclarecerse debido a «negligencias, errores e irregularidades» en la acción del Estado.
Así lo han manifestado Juan Fernández Calderín y Carlos Fernández de Casadevante durante su comparecencia ante la Comisión de Relaciones Ciudadanas e Institucionales del Parlamento foral, en la que han presentado un estudio sobre los crímenes de ETA que aún no se han resuelto.
Antes de finalizar su intervención en la comisión, Fernández Calderín ha querido mostrar imágenes de personas asesinadas por ETA «cuando Adolfo Araiz lideraba Herri Batasuna (HB)», por considerar que el ahora portavoz parlamentario de EH Bildu en la Cámara «podría ayudar a esclarecer» la cuestión.
Los representantes de Covite han querido hacer entrega de imágenes de víctimas de ETA a la diputada de Bildu Bakartxo Ruiz, lo que ha sido impedido por el presidente de la comisión Patxi Leuza, de Geroa Bai.
Fernández Calderín ha explicado en su intervención que «si hay más de 300 asesinatos sin resolver no hay que atribuirlo a la pericia de una organización criminal terrorista» sino a «brutales negligencias, errores e irregularidades en la acción judicial que se repiten en el tiempo».
A su juicio, «la política ha sido un muro que ha favorecido la impunidad en este país», al tiempo que ha advertido de que hay casos «cerrados en 24 horas de reloj» y también «juzgados que han gestionado expedientes de forma irregular».
El catedrático Fernández de Casadevante ha afirmado que es «totalmente inconcebible» que haya «tribunales que gestionen sumarios sobre los que no tienen competencia» o que los mismos «se destruyan».
«Es incompatible con las obligaciones internacionales contraídas por España en materia de derechos humanos», ha afirmado antes de apuntar que «no se ha actuado con la diligencia que se esperaba».
Fernández de Casadevante ha señalado que «las víctimas afectadas, que habían confiado en el Estado de derecho, no solo no han podido ejercer en tiempo útil su derecho a un recurso efectivo», sino que «tienen la certeza de que los hechos gozan de impunidad y sus autores no van a ser juzgados». EFE
