El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha impuesto comparecencias mensuales a ocho de los nueve investigados a los que ha tomado declaración esta semana en un auto en el que afirma que el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, tenía «un dominio total y completo de la trama que desde hace tiempo ha ido conformando una organización criminal, utilizando a diversas personas como testaferros y en concreto a los citados investigados (…) los cuales (cada uno en su puesto) habrían contribuido a la consecución de los importantes ilícitos beneficios económicos».
El auto describe con detalle las actividades de cada uno de los investigados en la trama delictiva y el papel que se les atribuye en esta, basada en campañas de publicidad, noticias negativas y acuerdos con entidades para evitar demandas.
De este modo, la trama dirigida por el presidente de Ausbanc presionaba a las entidades que no accedían a sus intentos de extorsión mediante la publicación de noticias negativas en sus publicaciones.
La ACCIÓN POPULAR molesta y quieren cargársela como sea. Ya lo intentó Gallardón, al reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero le fue imposible, pues está prevista en la Constitución, por lo que mientras no se reforme la Constitución y se suprima, por lo menos legalmente no van a poder suprimirla. Pero ya lo hacen por la vía de hecho, exigiendo grandísimas fianzas, que imposibilitan su ejercicio real y efectivo…