En 2015 fueron asesinados en Colombia 63 defensores de derechos humanos, en tanto que las agresiones totales ascendieron a 682, lo que representa un aumento del 9 % con respecto al año anterior, según el informe anual de la ONG Somos Defensores divulgado hoy.
El documento, titulado «El Cambio», destaca que el año pasado hubo «una alta tasa de agresión mensual», siendo enero el mes que más ataques registró, con 146 casos que representan el 22 % del total.
Mientras, el mes menos conflictivo fue agosto, cuando 16 defensores de derechos humanos fueron agredidos.
La mayoría de los atacados fueron hombres, 411 casos del total, en tanto que 271 mujeres fueron agredidas por su labor.
De nuevo las amenazas son la agresión más común, ya que corresponden a 539 de los 682 ataques, seguidos de 63 asesinatos, 35 atentados y 26 detenciones arbitrarias, entre otros.
Las cifras preocupan especialmente a Somos Defensores porque si se comparan con 2014 se registra un incremento de las amenazas, que ese año fueron 488, y de asesinatos, que pasan de 55 a 63, mientras que el resto de agresiones «se mantuvieron en los mismos niveles o descendieron ligeramente».
«Paradójicamente en 2014 se observaba positivamente la baja en los homicidios con respecto a 2013; sin embargo en 2015 esta agresión vuelve a registrar datos preocupantes», destaca la ONG en el informe.
Del total de asesinatos en 2015, el 85,5 % fueron hombres y el 14,5 % mujeres, y por quinto año consecutivo los defensores indígenas son víctimas de más homicidios, con 12 en total.
El aumento de los asesinatos también preocupa a Somos Defensores porque se produce «en una de las épocas con menor número de homicidios en Colombia», donde el avance de las negociaciones de paz con las FARC ha contribuido a que el último semestre sea «el más pacífico de los últimos 51 años», según el Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (Cerac).
Frente a esta paradójica situación, la organización apunta que «la gran mayoría de los homicidios ya no se concentran en una región del país como en las épocas álgidas del conflicto, sino que cada vez más comienzan a redistribuirse estas muertes en pequeñas proporciones pero cada vez en más departamentos».
Además, «muchos de estos casos de homicidio están relacionados a acciones fuera del conflicto como denuncias por microtráfico, extorsiones y corrupción administrativa», añade el informe.
