El Gobierno de Navarra ha adoptado en su sesión de hoy un acuerdo por el que se autoriza al Servicio de Asesoría Jurídica el estudio de las acciones legales pertinentes para recurrir la normativa estatal sobre la “reválida” obligatoria de 6º de Primaria (pruebas de evaluación final de Educación Primaria), regulada por el Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre.
Cabe recordar que la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre (LOMCE) establece una evaluación individualizada al finalizar 6º de Primaria, cuyo desarrollo se plasma en dicho Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre.
A juicio del Ejecutivo foral, esta norma no respeta las competencias propias de Navarra en materia de educación y tampoco es respetuosa con la autonomía que para los centros educativos prevén los marcos legales vigentes.
Motivos también pedagógicos
Como ya adelantó el consejero de Educación, José Luis Mendoza, en la reunión que mantuvo el pasado mes de diciembre con su homóloga del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, Navarra se sumará al recurso que presentarán al menos diez comunidades autónomas ante este Real Decreto, entre ellas la vecina Aragón.
Además de las cuestiones competenciales y de rango legal que puedan alegarse en el recurso que hoy se solicita tramitar antes el Real Decreto, existen numerosas razones de índole pedagógico que impulsan tanto a Navarra como a otras muchas regiones a oponerse a esta decisión del Gobierno Central.
El Gobierno de Navarra considera que este examen, además de no contar con el consenso imprescindible en este tipo de actuaciones educativas, “no es una evaluación, ya que carece del carácter continuo, global, formativo y orientador propio de una evaluación, además de reducirla a un momento concreto y descontextualizado del progreso del alumnado”.
Además, el examen versará únicamente sobre dos de las siete competencias que se desarrollan en Primaria, por lo que, a juicio del Ejecutivo foral, “no proporcionará información relevante del alumnado, diferente al que se refleja en los informes de maestros y maestras que han estado en contacto con el alumnado en esta etapa educativa”.
Otra de las razones para el rechazo a dicho examen es que supone un cuestionamiento de la profesionalidad y objetividad evaluadora del profesorado e, incluso, de los equipos directivos de los centros o de la inspección, al recurrir a profesionales externos para dar validez a estas pruebas. El Gobierno de Navarra teme que la realización de esta “reválida” pueda servir para establecer rankings de centros, “lo que contribuiría a discriminar y desprestigiar centros docentes y no beneficiaría a la labor educativa”.
