El texto fue aprobado el pasado 13 de noviembre en Consejo de Ministros y está en línea con lo establecido en la Ley de la Ciencia, Tecnología e Innovación de 2011.
Concretamente, determina que entre sus miembros deben estar profesionales del sector de reconocido prestigio internacional, así como asociaciones empresariales y sindicatos más representativos. Según la normativa, al menos dos tercios de los miembros del Consejo Asesor deberán pertenecer a la categoría de miembros destacados de la comunidad científica, tecnológica o innovadora.
Del mismo modo, se apunta que, «dado el importante papel de las universidades y del sector empresarial en el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación», este reglamento también prevé que, al menos, participe en él un miembro de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y, al menos, un miembro en representación de empresas cuyo objeto social esté ligado al ámbito de la I+D+i.
Además, según el texto, a la necesidad de que no suponga un aumento de gasto público, hay que sumar que su organización y funcionamiento sean atendidos con los medios personales y materiales del Ministerio de Economía y Competitividad.
El departamento que dirige Luis de Guindos, destaca que, entre las importantes funciones del Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación, está la de asesoramiento al propio Ministerio de Economía, a las comunidades autónomas y al Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación.
