El candidato de IU a las elecciones, Alberto Garzón, acudirá hoy a la entrevista con el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, con la propuesta de impulsar una nueva Constitución en la que quepan «todos» los españoles, receta que ve necesaria para afrontar el desafío nacionalista en Cataluña.
Cree además el candidato que esa nueva Constitución debe construirse en un marco federal y con la participación de la ciudadanía en ese proceso constituyente y así se lo transmitirá mañana a Rajoy, han asegurado fuentes de su equipo.
Garzón quiere compartir con el presidente su idea de que los ciudadanos de Cataluña deben decidir su futuro en un referéndum, tal como pide una buena parte de la sociedad catalana y como hicieron el año pasado los escoceses. Otra de las cosas que quiere tratar en su primera reunión con Rajoy y también en su primera visita a la Moncloa, es la propuesta para reunir a todas las fuerzas democráticas y dar de esta forma una solución política al problema separatista.
Una fórmula que trasladó esta semana a todas las fuerzas políticas en una carta, al estar convencido de que es el marco idóneo para abordar todas las posibles soluciones después de que la situación en Cataluña haya dado un nuevo giro con la resolución que Junts Pel Sí y la CUP han registrado en el Parlament para iniciar el camino de la separación. Garzón es mucho más partidario de este marco abierto a todas las formaciones que de la vía de reuniones bilaterales que ha iniciado Rajoy y que, en principio, concluyen el martes con la cita con los líderes de Uniò, Josep Antoni Durán Lleida, y UPYD, Andrés Herzog.
Desde una posición contraria a la independencia de Cataluña y a una declaración unilateral de la secesión, el candidato de IU insistirá en que resolver el desafío catalán pasa también por poner en marcha un Estado federal que respete determinadas competencias e identidades territoriales, según la postura manifestada estos últimos días. Por lo que no pasa, a su juicio, es por la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que prevé la suspensión de una autonomía, y tampoco por recurrir a los tribunales o a la fuerza para solucionar esta crisis.
