El Gobierno de Navarra estima que cumplirá el objetivo del déficit, fijado para este año en el 0,7%, siempre y cuando el Estado cumpla con su compromiso de no computar a estos efectos un total de 73 millones de euros correspondientes al pago de las liquidaciones de años anteriores e impuestos
El vicepresidente de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, ha recalcado también la voluntad del Ejecutivo de realizar un seguimiento detallado de la evolución de los ingresos y gastos, para lo cual se realizarán análisis mensuales, así como de cumplir con el calendario de dos de los principales objetivos en el ámbito económico -Presupuestos 2016 y Reforma Fiscal-.
El vicepresidente ha anunciado, además, que en septiembre se reunirá con los agentes económicos y sociales para avanzar en otro de los grandes retos, como es la creación de empleo.
Así haciendo referencia a los datos de junio, los ingresos no financieros obtenidos por el Gobierno a final de 2015 ascenderían a 3.327 euros (46 millones más que la previsión inicial) y los gastos no financieros serían de 3.499 millones (133,7 millones más de los previstos). Por su parte, los ajustes de contabilidad nacional obligarían al pago de 28 millones (11 menos de los previstos).
Según estos datos de junio el déficit a final de año ascendería a 200 millones de euros, es el 1,09% del PIB, por lo que estaría por encima del objetivo fijado por el Estado, 0,7%.
No obstante, Ayerdi ha explicado que dicho objetivo se podría alcanzar “al milímetro” si la Administración central cumple lo anunciado al anterior Ejecutivo de «dejar fuera del cómputo un total de 73 millones de euros, correspondientes al pago de aportaciones de ejercicios de años anteriores y de impuestos como el de hidrocarburos y energía eléctrica».
A la vista de estos datos, el vicepresidente ha recalcado la necesidad de “prudencia y cautela” a la hora de elaborar los Presupuestos de 2016.
Emergencia social
El vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, ha cifrado entre 5 y 11 millones de euros el coste de la reforma de la Renta de Inclusión Social (RIS) “muy lejos de los 34 millones que decía el anterior Gobierno”. Y ha añadido que su Departamento mantiene el objetivo de responder a corto plazo a las principales situaciones de emergencia social y ha anunciado que «ya se han desbloqueado ayudas relacionadas con la dependencia y centros especiales de empleo», y se «reforzarán» de forma significativa «las ayudas extraordinarias destinadas a atender situaciones de pobreza energética, necesidades de vivienda o familias con menores a su cargo».
