Montoro sostiene que el régimen foral no supone ningún privilegio ni discrimina a unos ciudadanos frente a otros
El Congreso ha dado este jueves el visto bueno definitivo al proyecto de ley que modifica el Convenio Económico que regula las relaciones entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, por el que se incorpora a la norma autonómica con efecto retroactivo una serie de tributos ya vigentes en el Estado.
La iniciativa ha sido aprobada con el voto en contra de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) y la abstención de PNV, Amaiur y ERC. Antes, ya había sido acordado en la Comisión Coordinadora del Convenio Económico entre el Estado y Navarra y había recibido el aval del Parlamento foral.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha presentado el proyecto de ley en la tribuna del Congreso, desde donde ha defendido que este modelo de relación entre el Estado y Navarra no supone ningún privilegio ni discrimina a unos ciudadanos frente a otros, sino que es un instrumento «peculiar y diferente» que emana de la Constitución.
Amplio margen de maniobra a la Comunidad Foral
Montoro ha explicado que esta modificación del convenio otorga a Navarra un «amplio margen de maniobra» en la gestión de sus obligaciones tributarias y, a la vez, «garantiza lo dispuesto en la legislación sobre su contribución a la solidaridad interterritorial».
También ha destacado que «refuerza» los instrumentos de coordinación y arbitraje para resolver los conflictos que puedan existir entre el Estado y Navarra, con el objetivo de reducir la litigiosidad entre ambas administraciones «y evitar perjuicios a los contribuyentes».
Pero además, ha presumido de que el acuerdo «demuestra» la capacidad de «interlocución» del Gobierno y su «disposición a mejorar el autogobierno de las comunidades autónomas que quieren ir un paso más allá en su autonomía».
Eso sí, siempre que «no se convierta en una carrera que busque desbordar las fronteras constitucionales y la soberanía del pueblo español».
Acuerdo ‘ In extremis’
En el mismo sentido se ha pronunciado el diputado del PP José Cruz Pérez Lapazarán, quien ha insistido en que Navarra «forma parte del Estado español» y contribuye a su sostenimiento «equitativamente».
«No es un trato mejor, es un trato diferente», ha insistido. También el diputado socialista Juan Moscoso ha celebrado este acuerdo «in extremis» en el contexto de una legislatura durante la cual el PP «ha abogado por una recentralización del Estado autonómico y también de Navarra», recurriendo hasta 14 de las leyes aprobadas por el Parlamento foral en tres años.
El rechazo ha llegado de la mano de la diputada de UPyD Rosa Díez, que ha insistido en denunciar los «privilegios» vascos y navarros. «Cuando hay un trato diferencial no estamos hablando de un derecho, estamos hablando de un privilegio al que algunos creen que tienen derecho», ha resumido exigiendo «el mismo trato» para todos los españoles. Merma la capacidad financiera,
Mientras, otras formaciones como la diputada de Geroa Bai Uxue Barkos han denunciado que esta modificación del Convenio dificulta su capacidad financiera.
«Han alcanzado un acuerdo que va en contra de los intereses de los navarros y las capacidades de actuaciones normativas de la comunidad foral», ha coincidido el diputado del PNV Pedro Azpiazu.
Por su parte, el diputado de CiU Antoni Picó ha apoyado lo acordado entre Navarra y el Estado, pero ha aprovechado para reprochar al Ejecutivo que no haya reformado el sistema de financiación autonómica.
También lo ha hecho Joan Baldoví desde Compromís, que ha mostrado un cartel desde la tribuna: «Los valencianos queremos tener el mismo trato que los navarros», rezaba el cartel.
