Sáenz de Santamaría defiende que la norma, que regula los estados de alarma y excepción, no adoptará medidas que suspendan ningún derecho fundamental ni libertad pública
Cinco meses después de la aprobación del anteproyecto, y tras las aportaciones de los ministerios de Presidencia, Exteriores, Defensa e Interior, el Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la nueva Ley de Seguridad Nacional, cuyo objetivo es regular el «funcionamiento óptimo de los recursos del Estado para la defensa de la seguridad de los ciudadanos», según ha informado este viernes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
Sáenz de Santamaría explicó que unas de las peticiones del Consejo de Estado era concretar quién declararía la situación de interés para la seguridad, atribución que el Ejecutivo da al presidente, que deberá informar luego a la Cámara Baja.
Además, la vicepresidenta señaló que la norma finalmente no será orgánica, sino ordinaria, puesto que la misma tiene “una perspectiva marcadamente organizativa e integradora” y no afecta a los derechos fundamentales.
Escenario de crisis
La ‘número dos’ del Ejecutivo indicó que se trata de una ley que busca la “coordinación” y mejorar el “trabajo interno de las propias administraciones” en situaciones de crisis.
En primer lugar, en el proyecto la situación de crisis se define como “aquella en la que por la gravedad efectiva o potencial de sus efectos y la dimensión o transversalidad de su resolución requieren de la coordinación reforzada de las autoridades competentes en el desempeño de sus funciones ordinarias, bajo la dirección del Gobierno en el marco del sistema de seguridad nacional”.
La vicepresidenta añadió que esta norma “viene a rellenar un vacío normativo existente entre las crisis más graves, que son las que contemplan estados de alarma, excepción y sitio, y aquellas otras que han de afrontarse con medios más habituales”.
En este sentido, Sáenz de Santamaría destacó que el fin último de esta iniciativa legislativa es conseguir “una colaboración mucho más eficiente en el uso de todos los instrumentos del Estado ante situaciones de esta naturaleza”.
