Compromís trasladó al fiscal 466 facturas por valor de 278.000 euros
La apertura de las diligencias penales se conoce el mismo día en el que el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, visita precisamente Valencia en la campaña electoral para dar un mitin en la plaza de toros de la capital.
La Fiscalía de Valencia investigará los gastos de representación del Ayuntamiento de Valencia y de su alcaldesa, Rita Barberá, denunciados el mes pasado por Compromís, para ver si hay delito.
La coalición trasladó al fiscal 446 facturas por valor de 278.000 euros, que dio a conocer en la web Ritaleaks. Compromís atribuye a Barberá 89 de estos recibos por valor de 42.000 euros en concepto de viajes de avión, hoteles, coches, trenes y restaurantes.
La apertura de las diligencias ha sido anunciada este jueves en rueda de prensa, a tan solo tres días de las elecciones municipales y autonómicas, por los candidatos de Compromís a la Presidencia de la Generalitat y a la Alcaldía de Valencia, Mònica Oltra y Joan Ribó, respectivamente, quienes han presentado copia del escrito firmado el pasado día 12 por la fiscal jefe, Teresa Gisbert, informa Efe.
La apertura de las diligencias penales se conoce el mismo día en el que el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, visita precisamente Valencia en la campaña electoral para dar un mitin en la plaza de toros de la capital.
Compromís denunció posible financiación irregular
La denuncia se basa en que esas facturas corresponden a gastos de lujo y revelan una posible financiación irregular del PPCV, cargándose al Ayuntamiento gastos de la partida de Barberá.
También se denunciaba desde la coalición el exceso de gasto sobre lo presupuestado en gastos de representación, que se multiplicaron por dos y fueron autorizados por la hermana de Barberá, uno de sus cargos de confianza en el Ayuntamiento, lo que evidencia para Compromís un posible trato de favor y supuesta prevaricación.
El tercer eje de la denuncia se basa en el posible fraccionamiento ilegal de contratos para eludir la legislación vigente y evitar la convocatoria de concursos públicos