Desestima los recursos de apelación presentados contra el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado
Queda acreditada la posible existencia de indicios de criminalidad, lo que justifica la celebración del juicio.
La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado la totalidad de los recursos de apelación presentados contra el auto que dio por finalizada la investigación del denominado ‘caso Guateque’ sobre una presunta trama de licencias exprés en el Ayuntamiento de Madrid.
La Sala considera que en el auto del Juzgado de Instrucción nº 32 que puso fin a la instrucción se recogen los indicios de los que se deriva la implicación de los imputados en los hechos denunciados, se concretan los hechos que se les imputan y queda acreditada la posible existencia de indicios de criminalidad, lo que justifica la celebración del juicio.
Por tanto, se concretan los hechos que se les imputan y queda acreditada la posible existencia de indicios de criminalidad, lo que justifica la celebración del juicio.
Este caso se remonta al 14 de noviembre de 2007 cuando se produjo la detención de dieciséis personas por orden del juez Santiago Torres, al frente entonces del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid. El juez investigaba una presunta trama de licencias exprés dentro del Ayuntamiento de Madrid.
El pasado julio, el juez concretó las imputaciones después de que la Audiencia Provincial de Madrid ordenara dictar una nueva resolución en la que se concretaran las imputaciones. En el auto, se proceso a 34 de los imputados, entre los que figuraban varios técnicos municipales.
Se les acusa de delitos de cohecho y tráfico de influencias. A la cabeza de los procesados se encuentra Victoriano Ceballos, ex jefe de la División municipal de Impacto y Análisis Ambiental de Medio Ambiente, a quien se imputa cuatro delitos de cohecho, seis de negociaciones prohibidas para los funcionarios y prevaricación ambiental.
Desde el inicio de la investigación, Ceballos fue considerado el líder de la trama, junto con Joaquín Fernández de Castro, a quien se imputa ahora un delito de cohecho, nueve delitos de prevaricación ambiental, y uno de negociaciones prohibidas a los funcionarios.
