Ha propuesto un pacto contra la corrupción a todos los partidos en el discurso de investidura
La candidata socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía, Susana Diaz, ha propuesto a todos los partidos en su discurso del pleno de investidura cristalizar un «ambicioso y exigente» acuerdo para luchar contra la corrupción «para que no se repitan casos como el de los ERE», ha remarcado.
El desglose de propuestas de transparencia, protección a los servicios públicos y empleo que han marcado las palabras de Díaz supone un guiño a Ciudadanos y Podemos, ya que responde en parte a las condiciones exigidas por ambos partidos para posibilitar en segunda votación la investidura de Díaz como presidenta.
El plan anticorrupción desgranado por Susana Díaz contempla más de una decena de medidas «autonómicas pero con vocación nacional» como que ningún imputado pueda ir en listas electorales u ocupar un cargo público, la fiscalización de las cuentas de los partidos, que aquellos que malversen fondos públicos deban responder con su patrimonio personal y que estos delitos no prescriban, la incompatibilidad entre la función de parlamentario autonómico con otra actividad profesional o que el político que cobre un sueldo público no pueda hacerlo de su formación y la obligación de publicar su declaración de la renta y la de su cónyuge.
Algunas de estas propuestas son similares, aunque con matices, a las incluidas en el decálogo anticorrupción elaborado por Ciudadanos.
Pedirá a los bancos que negocien para evitar desahucios
Susana Díaz también se ha comprometido este lunes a reducir en un 10% el número de altos cargos y contratos de alta dirección y personal eventual existente en el Gobierno regional y ha asegurado que elaborará un plan de eficiencia del sector público.
Además, ha anunciado la aprobación de un plan de arbitraje al consumo que deben suscribir los bancos que trabajen con la Junta para que negocien e intenten evitar que las familias sufran desahucios.
Asimismo, Díaz ha reivindicado que el Tribunal Constitucional retire el recurso a la ley andaluza de la Función Social de la Vivienda; en este capítulo de medidas sociales ha añadido que promoverá una norma que impida que los «fondos buitres» se hagan con las hipotecas de las viviendas públicas.
Ambos paquetes de propuestas, desahucios y tijeretazo de altos cargos, habían sido puestas sobre la mesa por Podemos al PSOE para facilitar la negociación de investidura.
La socialista se ha mostrado convencida de que el entendimiento para que pueda ser investida y formar gobierno es posible, y ha recordado al PP, Podemos, Ciudadanos e IU que sin gobierno «no habrá oposición ni se dará cumplimiento» al mandato de los ciudadanos en las urnas del pasado 22 de marzo.
La candidata socialista también ha desgranado dentro del plan de medidas anticorrupción la creación de una oficina antifraude, reforzar la normativa para evitar las puertas giratorias, que los imputados no puedan optar a contrataciones públicas o llevar al Congreso de los Diputados una iniciativa autonómica para crear un registro estatal que recoja la información tributaria de los cargos en aras de la transparencia o la reforma del código penal para que los delitos de corrupción no prescriban, ha argumentado Díaz.
Asimismo ha solicitado que el sistema electoral sea reformado y que las candidaturas se elijan por sufragio universal.
La candidata a la Presidencia de la Junta ha propuesto durante su discurso de investidura llevar a cabo una iniciativa legislativa autonómica para que en el Congreso de los Diputados se adopten cuantas reformas sean necesarias, «incluida la constitucional», de cara a establecer una segunda vuelta electoral si en la primera algún candidato no alcanza la mayoría absoluta.
Anuncia rebaja de carga fiscal a rentas bajas y medias
La candidata a la Presidencia de la Junta se ha comprometido ante el Pleno del Parlamento a modificar algunos aspectos de los tributos propios y cedidos de la comunidad, reforzando la progresividad y rebajando la carga fiscal a rentas bajas y medias en todas las figuras tributarias, al tiempo que ha anunciado la movilización en esta legislatura de unos 3.000 millones de euros de recursos públicos para favorecer la creación de empleo.
En un amplio apartado dedicado a la economía y al empleo durante su intervención, Susana Díaz también se ha comprometido con establecer una sólida política de apoyo al trabajo autónomo, que supone el 18% del empleo de la economía andaluza. A su juicio, es fundamental una fiscalidad adecuada y moderna para este colectivo.
